¿Qué somos para el estado?

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En un artículo que publiqué el 17 de marzo titulado: “Tengo confusión de Espíritu”, concluí diciendo “Sí, tengo confusión de espíritu. Los cristianos han perdido su identidad.”… La realidad es que sí tengo confusión de espíritu. Me explico con la siguiente pregunta: ¿qué representa la no inclusión de la iglesia y la figura pastoral en la orden ejecutiva?  Primero nos quisieron redefinir diciendo que éramos comunidades de base de fe  y  nos quieren definir como corporaciones.  Ahora no existimos jurídicamente o nos redefinen como : … “o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar”  Y a los  pastores como: “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Posteriormente en la siguiente Orden Ejecutiva incluyeron los pastores y los servicios grabados y  redes electrónicas. No fui el único que levantó la voz de alerta.

Como expliqué en dicho artículo avalé como medida de prudencia  el que entendiéramos que “..o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.”  Y que los pastores quedan excluidos del toque de queda en la frase:    “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Pero levanté mi voz de alerta con el artículo. Estábamos protegiendo la salud de nuestros hermanos en la fe.

El día de la Orden, inmediatamente  me comunique con la Oficina de Base de Fe en la Fortaleza. Para mi sorpresa dicha Oficina avaló que la iglesia estuviera bajo esa disposición. Por ello, desde ese momento con sabiduría me dediqué a llevar el mensaje de que esa orden era inconstitucional. Hoy creo han entendido, por eso felicito las iglesias que están abriendo siguiendo las medidas de salud necesarias. Es voluntario asistir.

Entonces tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo nos ve el estado? Si la misma Oficina de Base de Fe de La Fortaleza validó la definición de la Orden Ejecutiva, que simplemente somos un evento que propicia la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, ¿qué somos para ellos? También existen las acciones del Estado prosiguiendo un caso fabricado contra un Pastor, realizando un despliegue de fuerza excesiva. El caso no pasó de primera base. Es otro aspecto a evaluar.

En dicha orden se permitieron los bancos de alimentos y se estaba entregando a las iglesias alimentos de los comedores escolares, para que llegaran al pueblo. Me viene a la mente la frase de Jesús: “me buscan porque multiplique los panes y peces entre cinco mil y en otra ocasión entre cuatro mil”. Él se levantó y se fue a la otra orilla. ¿Nos busca el estado simplemente para que repartamos comida, servicios sociales y que seamos cantores de amor en sus desayunos de oración? En esas instancias Jesús también se levantó y se fue.

Veamos lo que en un caso de Kentucky dijo el gobierno:

“On March 19, 2020, as part of broader efforts to “flatten the curve,” acting Secretary of the Cabinet for Health and Family Services Eric Friedlander issued an order prohibiting “mass gatherings.” Per Secretary Friedlander’s Order, mass gatherings include “any event or convening that brings together groups of individuals, including, but not limited to, community, civic, public, leisure, faith-based, or sporting events;

Later, on March 25, 2020, Governor Beshear issued an executive order mandating all businesses which are not “life-sustaining” close. [R. 3-5.]. Religious organizations were excluded from the category of “life-sustaining,” except to the extent they provide “food, shelter and social services.”

¿Les suena parecido? Para dicho Gobernador la iglesia sólo podía funcionar para proveer alimento, alojo y servicios sociales. Obviamente no para predicar el evangelio. La posición de la iglesia que presentó la solicitud de orden para abrir le fue concedida:

“Plaintiff Tabernacle Baptist Church describes itself as “an independent, fundamental, Baptist church, independent of the world but dependent on the Word of God.” Id. at ¶ 13. Since issuance of the above orders, Tabernacle has ceased holding in-person religious services. [R. 3-1 at 5.] Instead, Tabernacle has resorted to broadcasting services online via Facebook or holding drive-in services wherein congregants may listen to the service over their FM radio. Id. For Plaintiff, these substitutes offer cold comfort. “Tabernacle has a sincerely-held religious belief that online services and drive-in services do not meet the Lord’s requirement that the church meet together in person for corporate worship.” Id. For this reason, Tabernacle argues the foregoing Orders violate its First Amendment rights to free exercise of religion and freedom of assembly the orders are not narrowly tailored to serve the public health interest.”

Para ellos el mandato del Señor de congregarse es obligatorio y no puede ser sustituido por servicios por las redes electrónicas. Esta gente no tiene confusión de espíritu. Ellos tienen mas medidas de salubridad implantadas que las que establece el CDC. Así se protegen a los que se congregan. Tampoco vamos a ser parte de la propagación del contagio.

Conozco iglesias que ya habían tomado esas medidas, pero se les ordenó cerrar por sus oficinas centrales y abandonaron a los que entendíamos que podíamos abrir con los protocolos de salud correspondientes.

Gracias Señor pues ante tanta falta de identidad, te llevaste a tu pueblo a sus casas para que te escuchen a ti.

Las iglesias no dependen del estado para determinar su fecha de apertura

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En esta pandemia, las iglesias no dependen del Estado para determinar cuando abren. Eso es una falacia jurídica y una postura política acomodaticia de aquellos que así lo postulan. Algunos concilios por motivo de la pandemia, cerraron sus templos, antes de la determinación de cierre del gobierno mediante Orden Ejecutiva. Pretender ahora que dependen de la determinación del Estado para reabrir los templos es una movida político-religiosa. Me explico. Si los concilios deciden abrir y hay contagio, entonces se les imputará la culpa  a los líderes. Pero si abren con indicaciones del Gobierno y hay contagio entonces ellos dirán que la culpa es del Gobierno pues ellos siguieron sus instrucciones. ¿Me pregunto entonces quien tiene la responsabilidad del rebaño, el gobierno o el credo?

Con tomar las medidas de salubridad de distanciamiento social, mascarillas, guantes, espacios, cantidad de personas y duración del culto es suficiente. Exigir mas es violentar la separación de iglesia y estado.

Deseo ser breve pero claro. No es necesario establecer que la Iglesia es un servicio esencial o económico para determinar, su apertura en esta pandemia. Ambas suposiciones son un desvarío embriagantemente nocivo de la constitución y una manera burda de eludir su cumplimiento. Las iglesias existen por su propia naturaleza y está reconocida su existencia en la Constitución a tal punto que prohíbe al Estado que intervengan con ellas, y le ordena mantenerse separado de las mismas.  

La Iglesia, en nuestro estado de derecho constitucional coexiste con el Estado. Es decir  su existencia esta reconocida en la constitución al igual que la del estado. A pesar de que en sus funciones existe una hermosa fricción jurídica, sus contornos ya han sido establecidos. El Estado no puede intervenir con el gobierno interno de iglesia, su doctrina, credo, fe. Tampoco puede negarle un servicio o beneficio para el que cualifican otros por el mero hecho de su naturaleza religiosa.

Existen unos límites del Estado en materia constitucional cuando  se trata de una emergencia de salud, esbozados en el caso de Jacobson cuya pertinencia ha sido sostenida por el Tribunal  Supremo de los Estados Unidos en varias ocasiones.

El Art ll sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece lo siguiente:

“No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.”

En Agostini Pascual v Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979), se resuelve que decisiones administrativas internas de una iglesia como cerrar una iglesia-escuela no podían revisarse judicialmente. En Surinach v Pesquera de Busquet, supra, se determinó que la intención de una agencia de gobierno de inspeccionar y evaluar los gastos de una escuela católica era una intromisión indebida a una iglesia. 

“It is well established that state action, although neutral on its face, can in practice occasion a substantial infringement on First Amendment freedoms. See Wisconsin v. Yoder, supra, 406 U.S. at 220-21, 92 s.ct. 1526; Walz v. Tax Commission, supra, 397 U.S. at 675-76, 90 s.ct. 1409; Sherbert v. Verner, supra, 374 U.S. at 409, 83S.Ct. 1790.”

El marco jurídico que gobierna la autoridad  de los estados sobre las medidas de emergencia a aplicar en una crisis de salud, lo establece el caso de Jacobson v. Commonwealth of Massachusets, 197 US 11 (1905). En este caso se consideraron planteamientos sobre la compulsariedad de las leyes de vacunación relacionado a “smallpox epidemics” in Cambridge, Massachusets.  Se alegó que se violentaba la decimocuarta enmienda sobre el derecho de la persona sobre su cuerpo y su salud.

Allí se establece que la libertad establecida por la Constitución no implica un derecho absoluto de la personas en todo tiempo y en toda circunstancia. Dichas libertades pueden ser restringidas. Una comunidad tiene el derecho de protegerse a sí misma ante una epidemia que amenaza la seguridad de sus miembros. 

“ [I]n every well-ordered society charged with the duty of conserving the safety of its members the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under the pressure of great dangers, be subjected to such restraints, to be enforced by reasonable regulations, as the safety of the general public may demand.”

Veáse en adición los casos de Lawton v. Steele, 152 US 133, (1894); Compaigne Francaise de Navigation a Vapeur V. La State Bd. Of Health, 186 US 380 (1902); Prince v. Massachusets, 321 US 158 (1944); United States v. Caltez 344 US 149 (1952), donde se reconoce dicho principio. 

No ponemos en duda que el Estado tiene la autoridad de mediante Orden Ejecutiva tomar medidas para proteger la salud de la comunidad, ante la pandemia existente. Pero el Estado no tiene autoridad si no ha cumplido con estos parámetros de cuándo debe cerrar o abrir una iglesia.  

Claramente Jacobson (id.) establece que los derechos constitucionales  no desaparecen durante una crisis de salud. Si el estatuto va dirigido a proteger la salud pública, la moral pública, la seguridad pública, si tiene o no real o sustancialmente relación al objeto propuesto, o más allá de todo cuestionamiento sea una palpable invasión de los derechos protegidos por nuestra ley fundamental. De no cumplir esos criterios,  no resiste el análisis constitucional.

La medida que se aplique no puede ser ejercida de manera arbitraria ni irrazonable. No puede ser una regulación opresiva. Se tiene claramente que establecer que protege el público en general; que la medida es razonablemente necesaria para el cumplimiento de su propósito  y no una carga onerosa sobre los individuos. Debe tener una relación sustancial directa a la crisis de salud y no ser una palpable invasión de los derechos constitucionalmente asegurados. En resumen la acción del Estado tiene que tener una relación sustancial directa, el gobierno no puede excederse, tiene que ser la medida menos onerosa para atender la emergencia, y si va más allá del asunto planteado existe un conflicto palpable con la constitución.

 Este caso habla de una ley, aquí es meramente una orden ejecutiva. Es decir tiene menos estatura constitucional.

Ante este marco jurídico entendemos que en su día puede prevalecer en un tribunal que las iglesias son las que determinan cuando abrir, no el Estado. Cada pastor en conjunto con su feligresía respondiendo a su libertad de culto y religiosa, tomando las medidas de salubridad necesarias, puede abrir cuando lo estime pertinente.

¿Se puede abrir una iglesia sin permiso gubernamental?

P. Carlos Pérez Toro
Sacerdote y abogado civil

He afirmado de modo claro que la apertura de las iglesias no está supeditada, simplemente, a un plan trazado por el gobierno. La actividad de culto, en el contexto de la disciplina eclesial, es uno de los quehaceres sociales vedados, de modo ordinario, a la intervención gubernamental. Es decir, el gobierno no puede decirme cuándo ni cómo realizo una actividad de culto. Esa es la cláusula de separación de la iglesia y el estado que reconoce que esas dos realidades sociales (gobierno e iglesia) tienen autoridad primaria en la resolución de sus asuntos propios, internos y administrativos. Todo eso está basado en el reconocimiento de que la iglesia tiene unos derechos fundamentales que son “intrinsic in the concept of ordered liberty” (Una frase inventada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos).

Sin duda, hay momentos en que el estado, en la protección del bien común, puede coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva de las iglesias. Ante ese escenario legítimo de convivencia social, la constitución y los estatutos federales, activan un mecanismo de protección legal para evitar la arbitrariedad y el atropello de los derechos fundamentales por parte de quien ostenta de manera transitoria el poder.
Ese mecanismo constitucional obliga al estado a actuar de tal manera que sus intervenciones contra la libertad religiosa colectiva sean hechas dentro de unos parámetros legales. ¿Cuáles son esos parámetros legales? Que el estado, en sus intervenciones, evite la arbitrariedad y que si tiene que restringir algún derecho fundamental lo haga solo en aquello que sea estrictamente necesario. Puesto de otra manera: toda acción gubernamental que limite significativamente un derecho fundamental el estado tiene que probar que su intervención responde a “un interés apremiante” y que “ha usado el medio menos oneroso”.

Ese discernimiento legal antes esbozado debe ser usado no solo en los tribunales de justicia, en medio de un conflicto legal, sino también en cualquier acción gubernamental que suponga intervenir de alguna manera con la autonomía constitucional de las instituciones eclesiales. Por eso tenemos necesidad de incorporar esos principios en nuestro quehacer gubernamental y en nuestra cultura popular para evitar conflictos que no benefician a nadie en sociedad, máxime cuando en este momento todos debemos tirar en la misma dirección para superar en conjunto esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Recordemos que las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Sin embargo, es importante subrayar, que esos parámetros especiales para las iglesias antes descritos, no están disponibles para otras actividades sociales a los cuales la constitución solo reconoce derechos no fundamentales cuya protección está reducida a que la intervención estatal sea hecha para un fin legítimo utilizando un medio razonable. Entre esas actividades sociales, que no tienen protección especial, están las actividades del sector económico. En efecto el estado a través de licenciamientos, leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos administrativos coarta esas actividades de una manera bien amplia que van desde horarios, lugares, hasta las maneras y modos de realizar esa actividad económica. Esa libertad de intervención que tiene el estado con el sector económico no la tiene el gobierno con las iglesias.

Por eso me ha resultado preocupante el modo como nuestras autoridades públicas están realizando esta reapertura de nuestro país. Veamos mi preocupación.

Primero el gobierno realizó un diálogo con el sector económico determinando las etapas en que ese grupo social iba a reincorporarse al quehacer productivo laboral. La consigna era clara, no todos a la vez (ya que hay sectores que son servicios esenciales o significativamente importantes) y toda apertura debía seguir unos parámetros estrictos de salubridad que evite el contagio. Esa apertura escalonada estaría bajo un “monitoreo” del gobierno para intervenir en caso que los números de contagio y muerte se disparasen alarmantemente.

Segundo, a diferencia de lo que hizo con el grupo económico, con el sector religioso el gobierno ha mantenido una actitud de distanciamiento y lentitud para propósitos de reapertura. Esa actitud gubernamental ha llevado a “invisibilizar” a las iglesias como se puede concluir de las expresiones de algún miembro del task force económico que ha homologado a las iglesias a un teatro o a un “beauty parlor”. Incluso, podríamos afirmar, que la apertura de las concreteras (cementeras) implica, implícitamente, que el abrir otra vez las iglesias para el culto presencial es menos urgente y necesario para propósitos de bienestar social.

Lo curioso es que la iglesia es el único sector social que en sus diálogos con el gobierno podría reclamar unos derechos constitucionales fundamentales como ha sido recordado en un caso federal reciente First Pentecostal Church of Holly Springs v. City of Holly Springs Mississippi en la que una corte de distrito de Mississippi afirmó:

The First Amendment guarantee of the Free Exercise of religion is one of the most important ones set forth in the Bill of Rights, and, without question, it grants the Church, in this case, the right to assert certain rights which, say, a barbershop would have no right to assert.

La conclusión es clara si abres la actividad económica pierde validez tu argumento a favor de la clausura de la actividades religiosas de culto presencial.

También es importante subrayar que el gobierno en su diálogo con el sector económico exigió que su apertura estaba supeditada a que se implementaran medidas estrictas de seguridad médica. Entre esas medidas estaban: apertura escalonada; evitar la conglomeración de multitudes en un lugar; distanciamiento social; uso de máscaras y guantes, uso de productos de desinfección etc.

Lo anterior me lleva a preguntar: ¿Si las iglesias implementan el mismo protocolo del sector económico tendrían derecho a abrir? ¿Podría el gobierno ordenarles a las iglesias seguir cerradas cuando ha permitido a otros sectores a abrir? Los casos que se han dado en los Estados Unidos, en las que las iglesias han reclamado su derecho a abrir en igualdad de condiciones que el sector económico, nos enseñan que prohibírseles a las iglesias a abrir seria discriminatorio e inconstitucional. El principio legal es el siguiente: Si el Gobierno permite abrir al sector económico abrir con unos protocolos de salubridad deja de tener autoridad legal para prohibir el culto presencial. En ese caso el Gobierno solo podría exigir, en razón del bien común, la implementación de las medias de salubridad que ha exigido a otros.

De lo anterior podemos afirmar que el estado no puede justificar que una iglesia esté cerrada basada en argumentos de salud o peligro de contagio porque permitiendo la apertura del sector económico está demostrando, que en medio de esta pandemia, existe un medio menos oneroso que el cierre total de una iglesia. Todo eso se pudo haber hablado, en un diálogo entre iguales, entre las autoridades públicas y las autoridades religiosas.
Por eso el gobierno federal publicó unas guías sobre la libertad religiosa en el contexto del Covid 19 afirmando, entre otras cosas que:

[..] Even in times of emergency, when reasonable and temporary restrictions are placed on rights, the First Amendment and federal statutory law prohibit discrimination against religious institutions and religious believers. Thus, government may not impose special restrictions on religious activity that do not also apply to similar nonreligious activity. For example, if a government allows movie theaters, restaurants, concert halls, and other comparable places of assembly to remain open and unrestricted, it may not order houses of worship to close, limit their congregation size, or otherwise impede religious gatherings. Religious institutions must not be singled out for special burdens.

Llegando a afirmar de manera categórica:
As we explain in the Statement of Interest, where a state has not acted evenhandedly, it must have a compelling reason to impose restrictions on places of worship and must ensure that those restrictions are narrowly tailored to advance its compelling interest. While we believe that during this period there is a sufficient basis for the social distancing rules that have been put in place, the scope and justification of restrictions beyond that will have to be assessed based on the circumstances as they evolve.
Estoy convencido de la nobleza de las iglesias en su lucha por estar abiertas y cercana a la gente. Si algo quieren las iglesias es tirar en la misma dirección que el gobierno para vencer esta pandemia. Lo hemos hecho hasta ahora, demostrando, a veces de modo heroico, nuestro deseo de acompañar a nuestro pueblo poniendo “nuestra confianza en Dios Todopoderoso”.

Que no quede la menor duda que nos encontramos claramente ante una situación social dramática y peligrosa. Sin duda esta emergencia hace que el estado tenga un interés apremiante que justifica coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva. ¿Pero es el cierre total de la actividad de culto presencial el medio menos oneroso? ¿Es jurídicamente correcto que el estado entienda que tiene que dar permiso para realizar una actividad de culto presencial determinado además fechas y MODOS para poder realizarlo? La respuesta categórica es no. Eso sería volver al cesaropapismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia y al estado a lo largo de la historia. Lo que estoy reclamando es a la autonomía de las instituciones eclesiales para decidir con responsabilidad, en dialogo con el gobierno, cuando y como se puede abrir.

Pienso que en las circunstancias actuales en donde sectores económicos han reiniciado su actividad el estado no puede imponer fechas unilaterales o prohibir actividades de culto presencial. Eso no le compete al estado jurídicamente hablando. Eso no quita que el estado puede exigir (repito exigir) que las actividades de culto presencial sean realizadas utilizando los mismos parámetros de salubridad que se ha exigido al sector económico. Ni más ni menos. Pero eso no es lo mismo que pensar que el estado da permiso, o concede posibilidad. Es una relación entre iguales, constitucionalmente hablando, que exige un diálogo, que estoy seguro que ambos, tanto el estado como la iglesia, quieren tener.

Por eso felicito grandemente la iniciativa de la gobernadora que ha convocado los sectores religiosos del país a dialogar para la apertura de la actividad religiosa. Ojala que se hubiera dado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pero todo dialogo debe estar basado en presupuestos legales claros y en este caso es que el gobierno debe entender que no puede determinar fechas de aperturas o cierres de manera unilateral. Repito, las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Exhorto a mis hermanos sacerdotes y pastores, sin tener ninguna autoridad sobre nadie, a comenzar la preparación para su reapertura eclesial, tomando conciencia de la importancia de implementar las mismas medidas prudenciales que el sector económico ha implementado en su reapertura, ese es el modo responsable de hacerlo legalmente hablando.

Los diálogos de nuestras autoridades religiosas con el gobierno es el mejor modo de hacer la reapertura. Pero teniendo claramente en cuenta nuestro derecho a la actividad de culto presencial sin interferencia indebida del estado. Nuestros hermanos en los Estados Unidos han ido a los tribunales (con el respaldo de la fiscalía federal) cuando el estado no logra entender la peculiaridad de nuestra identidad en el mundo que exige que se respete nuestra libertad de realizar a lo que Dios nos envió ser siervos de los siervos de Dios.

Este escrito no pretende atacar el gobierno. Aprecio a nuestras autoridades públicas en todas las ramas constitucionales y como sacerdote les tengo cariño y deseo de servirles. El que pretenda usar este escrito para atacar algún político o figura pública sepa que no ha entendido mi intención y tiene mi absoluto rechazo. Este escrito es para dialogar con quien ostenta el poder. Diálogo que en este momento, en el caso mío, lo encauso a través la oración para que las conversaciones entre el gobierno y las autoridades religiosas den fruto.

Ojala que todos aprendamos como debe ser entendida las clausulas religiosas de nuestras constituciones para evitar conflictos estériles y atropellos de derechos humanos fundamentales.

Tengo confusión de espíritu

Por: Lic. Juan M. Gaud

Recientemente en la página de Facebook que dicha compañía me permite usar bajo mi nombre, escribí lo siguiente:

“Hoy 15 de marzo de 2020 día de la oración  a solicitud por el Presidente de los Estados Unidos y ante la solicitud  del gobierno de Puerto Rico las iglesias deciden cerrar sus estructuras  desde cuyos altares se predica sanidad divina. Confieso mi confusión de espíritu ante esta contradicción por ende esperare la divina respuesta a las estructuras físicas que denominamos iglesia cerradas.”

Hubo muchas reacciones. Algunas opinionadas en su propia interpretación bíblica, intelectual y/o jurídica. No era eso lo que buscaba. No entendieron mi clamor ante la naturaleza de los eventos y la reacción de la iglesia desde el contexto de su estructura física. El texto es claro. No podemos ser tan cándidos de negar que desde el punto de vista jurídico, social y cultural esas estructuras físicas están ligadas a la conciencia colectiva como templo.  Incluso indique … “estructuras físicas que denominamos iglesia cerradas”…Claramente conozco que donde dos o tres reunidos están, Dios esta presente. Es más, vive dentro de cada uno de los nuevos nacidos en Cristo.

Confieso me sorprendió que nadie expresara en su opinión que los cristianos nos sometemos a las autoridades superiores, obviamente si dicha acción no nos coloca en contra de la Ley de nuestro Dios.

Entonces obedecemos a Dios ante que a los hombres. Eso se llama cruz, horno de fuego, foso de leones, etc. Nadie lo dijo. Esa es la respuesta ante la acción del Estado que busca prevenir una crisis de salubridad ante el coronavirus, actualmente una pandemia. No es el caso de Noé o el ángel de la muerte en el relato del Éxodo con la sangre en los dinteles de la puertas. Aquí fue el Estado, que Dios nos pide obedezcamos dentro de los contextos bíblicos, quien emitió la orden y perdónenme la diferencia de opinión.

Pero mi confusión de espíritu recibió la ayuda divina ante una fuerte inquietud que tuve ese 15 de marzo de 2020, por la tarde. Cuando en la conferencia de prensa de la gobernadora esta explicaba el toque de queda a partir de las 9 pm. Eso me llamo la atención e hice lo que acostumbro hacer, buscar la fuente y no escuchar la prensa. Leí la Orden ejecutiva 2020-023  y allí estaba la respuesta. Cierre a todos en sus casas si no estaban en las excepciones o autorizaciones a salir que surgían de la Orden. Pero no se mencionaba  a las iglesias ni a los pastores. No obstante, a todos aquellos que pidieron mi parecer les asesore que entenderíamos que la iglesia estaba bajo la frase: … ”o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.”  Y que los pastores quedan excluidos del toque de queda en la frase:    “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.”

Obviamente jurídicamente hablando respondimos a una crisis de salud, pero la realidad es que la Orden adolece de vaguedad, ambigüedad y amplitud excesiva. Es que para propósitos del Estado no existimos, aunque si para la Constitución: Libertad de Culto, Libertad Religiosa y Separación de Iglesia y Estado. La Iglesia existe por su propia naturaleza y por mandato constitucional. Si hubiéramos querido y si queremos, podemos abrir nuestros templos y asistir a los cultos.  Pero esa no es la respuesta del pueblo de Dios, pues siempre buscamos el bienestar del prójimo. Ante una crisis de salubridad, la protección de la salud del pueblo es un interés apremiante y obviamente la medida menos onerosa para atajarla al momento es el toque de queda.  Obedeceremos al Estado, pero no somos invisibles.

Por ende pudieron haberlas incluido. Posteriormente la Gobernadora en los medios y en su interpretación jurídica avalo lo que varios habíamos indicado, que la iglesia estaba incluida. Pero este es un ejercicio jurídico que trasciende el propio contenido de la orden. Algo similar expresa el Juez Martínez Torres en la Resolución del 16 de marzo de 2020, del Tribunal Supremo:

“No obstante, esto no significa mi anuencia a una Orden Ejecutiva imprecisa que puede adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobreextensión.”

La crisis de salud nos obliga a respaldar la acción del Estado. Ahora bien, si la iglesia esta incluida, debió haberse aclarado que los pastores estaban entre los excluidos del toque de queda para que cumplieran con sus funciones de cuidar su rebaño espiritual, emocional y físicamente. Si alguien cuida una comunidad con personas de alto riesgo y comprometidas en su salud, son los cristianos a través del cuidado personal y sus estructuras físicas. La figura pastoral es clave y fundamental en ese proceso.

Por ende mis hermanos, sé que donde estemos Dios esta. Sé que la iglesia en su contexto espiritual no es una estructura física, pero resulta que no se congrega todavía en las nubes, si no en la tierra y perdonen el sarcasmo. Para cumplir mucha de su labor usa edificios, carros, visita enfermos, hospitales, funerarias, etc. Que Dios puede glorificarse donde y cuando quiera también lo sé. No demos  clases sobre eso y al hacerlo perdamos la perspectiva de mi clamor.

La realidad es que sí tengo confusión de espíritu. Me explico con la siguiente pregunta: ¿ que representa la no inclusión de la iglesia y la figura pastoral en la orden ejecutiva?  Primero nos quisieron redefinir diciendo que éramos comunidades de base de fe  y  nos quieren definir como corporaciones.  Ahora no existimos jurídicamente o nos redefinen como : … “o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar”  Y a los  pastores como: “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.”

La Iglesia existe por su propia naturaleza. Así lo reconoce la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América. Ese reconocimiento costó la sangre y sudor de muchos. No lo entreguemos. Sigamos protegiendo nuestra gente y a nosotros del contagio, pero que sepa el Estado que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que somos su iglesia VISIBLE, no invisible.

Sí, tengo confusión de espíritu. Los cristianos están perdiendo su identidad.