¿Qué somos para el estado?

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En un artículo que publiqué el 17 de marzo titulado: “Tengo confusión de Espíritu”, concluí diciendo “Sí, tengo confusión de espíritu. Los cristianos han perdido su identidad.”… La realidad es que sí tengo confusión de espíritu. Me explico con la siguiente pregunta: ¿qué representa la no inclusión de la iglesia y la figura pastoral en la orden ejecutiva?  Primero nos quisieron redefinir diciendo que éramos comunidades de base de fe  y  nos quieren definir como corporaciones.  Ahora no existimos jurídicamente o nos redefinen como : … “o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar”  Y a los  pastores como: “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Posteriormente en la siguiente Orden Ejecutiva incluyeron los pastores y los servicios grabados y  redes electrónicas. No fui el único que levantó la voz de alerta.

Como expliqué en dicho artículo avalé como medida de prudencia  el que entendiéramos que “..o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.”  Y que los pastores quedan excluidos del toque de queda en la frase:    “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Pero levanté mi voz de alerta con el artículo. Estábamos protegiendo la salud de nuestros hermanos en la fe.

El día de la Orden, inmediatamente  me comunique con la Oficina de Base de Fe en la Fortaleza. Para mi sorpresa dicha Oficina avaló que la iglesia estuviera bajo esa disposición. Por ello, desde ese momento con sabiduría me dediqué a llevar el mensaje de que esa orden era inconstitucional. Hoy creo han entendido, por eso felicito las iglesias que están abriendo siguiendo las medidas de salud necesarias. Es voluntario asistir.

Entonces tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo nos ve el estado? Si la misma Oficina de Base de Fe de La Fortaleza validó la definición de la Orden Ejecutiva, que simplemente somos un evento que propicia la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, ¿qué somos para ellos? También existen las acciones del Estado prosiguiendo un caso fabricado contra un Pastor, realizando un despliegue de fuerza excesiva. El caso no pasó de primera base. Es otro aspecto a evaluar.

En dicha orden se permitieron los bancos de alimentos y se estaba entregando a las iglesias alimentos de los comedores escolares, para que llegaran al pueblo. Me viene a la mente la frase de Jesús: “me buscan porque multiplique los panes y peces entre cinco mil y en otra ocasión entre cuatro mil”. Él se levantó y se fue a la otra orilla. ¿Nos busca el estado simplemente para que repartamos comida, servicios sociales y que seamos cantores de amor en sus desayunos de oración? En esas instancias Jesús también se levantó y se fue.

Veamos lo que en un caso de Kentucky dijo el gobierno:

“On March 19, 2020, as part of broader efforts to “flatten the curve,” acting Secretary of the Cabinet for Health and Family Services Eric Friedlander issued an order prohibiting “mass gatherings.” Per Secretary Friedlander’s Order, mass gatherings include “any event or convening that brings together groups of individuals, including, but not limited to, community, civic, public, leisure, faith-based, or sporting events;

Later, on March 25, 2020, Governor Beshear issued an executive order mandating all businesses which are not “life-sustaining” close. [R. 3-5.]. Religious organizations were excluded from the category of “life-sustaining,” except to the extent they provide “food, shelter and social services.”

¿Les suena parecido? Para dicho Gobernador la iglesia sólo podía funcionar para proveer alimento, alojo y servicios sociales. Obviamente no para predicar el evangelio. La posición de la iglesia que presentó la solicitud de orden para abrir le fue concedida:

“Plaintiff Tabernacle Baptist Church describes itself as “an independent, fundamental, Baptist church, independent of the world but dependent on the Word of God.” Id. at ¶ 13. Since issuance of the above orders, Tabernacle has ceased holding in-person religious services. [R. 3-1 at 5.] Instead, Tabernacle has resorted to broadcasting services online via Facebook or holding drive-in services wherein congregants may listen to the service over their FM radio. Id. For Plaintiff, these substitutes offer cold comfort. “Tabernacle has a sincerely-held religious belief that online services and drive-in services do not meet the Lord’s requirement that the church meet together in person for corporate worship.” Id. For this reason, Tabernacle argues the foregoing Orders violate its First Amendment rights to free exercise of religion and freedom of assembly the orders are not narrowly tailored to serve the public health interest.”

Para ellos el mandato del Señor de congregarse es obligatorio y no puede ser sustituido por servicios por las redes electrónicas. Esta gente no tiene confusión de espíritu. Ellos tienen mas medidas de salubridad implantadas que las que establece el CDC. Así se protegen a los que se congregan. Tampoco vamos a ser parte de la propagación del contagio.

Conozco iglesias que ya habían tomado esas medidas, pero se les ordenó cerrar por sus oficinas centrales y abandonaron a los que entendíamos que podíamos abrir con los protocolos de salud correspondientes.

Gracias Señor pues ante tanta falta de identidad, te llevaste a tu pueblo a sus casas para que te escuchen a ti.

Las iglesias no dependen del estado para determinar su fecha de apertura

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En esta pandemia, las iglesias no dependen del Estado para determinar cuando abren. Eso es una falacia jurídica y una postura política acomodaticia de aquellos que así lo postulan. Algunos concilios por motivo de la pandemia, cerraron sus templos, antes de la determinación de cierre del gobierno mediante Orden Ejecutiva. Pretender ahora que dependen de la determinación del Estado para reabrir los templos es una movida político-religiosa. Me explico. Si los concilios deciden abrir y hay contagio, entonces se les imputará la culpa  a los líderes. Pero si abren con indicaciones del Gobierno y hay contagio entonces ellos dirán que la culpa es del Gobierno pues ellos siguieron sus instrucciones. ¿Me pregunto entonces quien tiene la responsabilidad del rebaño, el gobierno o el credo?

Con tomar las medidas de salubridad de distanciamiento social, mascarillas, guantes, espacios, cantidad de personas y duración del culto es suficiente. Exigir mas es violentar la separación de iglesia y estado.

Deseo ser breve pero claro. No es necesario establecer que la Iglesia es un servicio esencial o económico para determinar, su apertura en esta pandemia. Ambas suposiciones son un desvarío embriagantemente nocivo de la constitución y una manera burda de eludir su cumplimiento. Las iglesias existen por su propia naturaleza y está reconocida su existencia en la Constitución a tal punto que prohíbe al Estado que intervengan con ellas, y le ordena mantenerse separado de las mismas.  

La Iglesia, en nuestro estado de derecho constitucional coexiste con el Estado. Es decir  su existencia esta reconocida en la constitución al igual que la del estado. A pesar de que en sus funciones existe una hermosa fricción jurídica, sus contornos ya han sido establecidos. El Estado no puede intervenir con el gobierno interno de iglesia, su doctrina, credo, fe. Tampoco puede negarle un servicio o beneficio para el que cualifican otros por el mero hecho de su naturaleza religiosa.

Existen unos límites del Estado en materia constitucional cuando  se trata de una emergencia de salud, esbozados en el caso de Jacobson cuya pertinencia ha sido sostenida por el Tribunal  Supremo de los Estados Unidos en varias ocasiones.

El Art ll sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece lo siguiente:

“No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.”

En Agostini Pascual v Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979), se resuelve que decisiones administrativas internas de una iglesia como cerrar una iglesia-escuela no podían revisarse judicialmente. En Surinach v Pesquera de Busquet, supra, se determinó que la intención de una agencia de gobierno de inspeccionar y evaluar los gastos de una escuela católica era una intromisión indebida a una iglesia. 

“It is well established that state action, although neutral on its face, can in practice occasion a substantial infringement on First Amendment freedoms. See Wisconsin v. Yoder, supra, 406 U.S. at 220-21, 92 s.ct. 1526; Walz v. Tax Commission, supra, 397 U.S. at 675-76, 90 s.ct. 1409; Sherbert v. Verner, supra, 374 U.S. at 409, 83S.Ct. 1790.”

El marco jurídico que gobierna la autoridad  de los estados sobre las medidas de emergencia a aplicar en una crisis de salud, lo establece el caso de Jacobson v. Commonwealth of Massachusets, 197 US 11 (1905). En este caso se consideraron planteamientos sobre la compulsariedad de las leyes de vacunación relacionado a “smallpox epidemics” in Cambridge, Massachusets.  Se alegó que se violentaba la decimocuarta enmienda sobre el derecho de la persona sobre su cuerpo y su salud.

Allí se establece que la libertad establecida por la Constitución no implica un derecho absoluto de la personas en todo tiempo y en toda circunstancia. Dichas libertades pueden ser restringidas. Una comunidad tiene el derecho de protegerse a sí misma ante una epidemia que amenaza la seguridad de sus miembros. 

“ [I]n every well-ordered society charged with the duty of conserving the safety of its members the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under the pressure of great dangers, be subjected to such restraints, to be enforced by reasonable regulations, as the safety of the general public may demand.”

Veáse en adición los casos de Lawton v. Steele, 152 US 133, (1894); Compaigne Francaise de Navigation a Vapeur V. La State Bd. Of Health, 186 US 380 (1902); Prince v. Massachusets, 321 US 158 (1944); United States v. Caltez 344 US 149 (1952), donde se reconoce dicho principio. 

No ponemos en duda que el Estado tiene la autoridad de mediante Orden Ejecutiva tomar medidas para proteger la salud de la comunidad, ante la pandemia existente. Pero el Estado no tiene autoridad si no ha cumplido con estos parámetros de cuándo debe cerrar o abrir una iglesia.  

Claramente Jacobson (id.) establece que los derechos constitucionales  no desaparecen durante una crisis de salud. Si el estatuto va dirigido a proteger la salud pública, la moral pública, la seguridad pública, si tiene o no real o sustancialmente relación al objeto propuesto, o más allá de todo cuestionamiento sea una palpable invasión de los derechos protegidos por nuestra ley fundamental. De no cumplir esos criterios,  no resiste el análisis constitucional.

La medida que se aplique no puede ser ejercida de manera arbitraria ni irrazonable. No puede ser una regulación opresiva. Se tiene claramente que establecer que protege el público en general; que la medida es razonablemente necesaria para el cumplimiento de su propósito  y no una carga onerosa sobre los individuos. Debe tener una relación sustancial directa a la crisis de salud y no ser una palpable invasión de los derechos constitucionalmente asegurados. En resumen la acción del Estado tiene que tener una relación sustancial directa, el gobierno no puede excederse, tiene que ser la medida menos onerosa para atender la emergencia, y si va más allá del asunto planteado existe un conflicto palpable con la constitución.

 Este caso habla de una ley, aquí es meramente una orden ejecutiva. Es decir tiene menos estatura constitucional.

Ante este marco jurídico entendemos que en su día puede prevalecer en un tribunal que las iglesias son las que determinan cuando abrir, no el Estado. Cada pastor en conjunto con su feligresía respondiendo a su libertad de culto y religiosa, tomando las medidas de salubridad necesarias, puede abrir cuando lo estime pertinente.