Decepcionada la iglesia en PR ante incumplimiento del Gobernador con la libertad religiosa

IMG-20150920-WA0004Pastor René X. Pereira
Director Ejecutivo
Puerto Rico por la Familia

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló acaba de demostrar con su decisión de vetar el proyecto de la Cámara 1018 de libertad religiosa, que su palabra y su compromiso no tienen credibilidad. El Sr. Gobernador firmó un acuerdo con el sector de fe, en una iglesia Cristiana, y allí plasmó su firma comprometiéndose a apoyar legislación a esos fines. No solo hizo este compromiso, sino que el mismo fue incluido en la página 169 de su programa de gobierno Plan para Puerto Rico. Para el sector de fe este era un proyecto de vital importancia en la protección de esos derechos.

El tiempo determinara el costo político de la decisión tomada en el día de hoy.
La media vigilia pautada por varias organizaciones, incluyendo la nuestra para el próximo viernes 9 de febrero en la noche, frente a Fortaleza se pospone para otra fecha que estaremos anunciando próximamente.

El veto… ¿ineptitud o desconocimiento?

dr cesar vazquezCésar A. Vázquez Muñiz
Portavoz PR por la Familia
8 de febrero de 2018

El veto expreso emitido hoy por el señor Gobernador al Proyecto de la Cámara 1018, sobre libertad religiosa, demuestra la ineptitud de sus asesores y su personal desconocimiento. Aunque en el escrito el Gobernador reconoce por primera vez que el “Religious Freedom Restoration Act” (RFRA) aplica a Puerto Rico, sin embargo el tracto histórico está equivocado. El gobernador alega que Puerto Rico fue incluido en esta ley en el año 2000 cuando fue enmendada. Está equivocado. Puerto Rico estaba incluido en la ley original de 1993. Se alega que los estados fueron eximidos de esta ley en las enmiendas del 2000 y vuelve a estar equivocado. Los estados fueron eximidos por una decisión del Tribunal Supremo Federal de 1997. En las enmiendas del 2000, incluidas en la ley “Religious Land Use and Institutionalized Persons Act” (RLUIPA) lo que se hace es eliminar la palabra “state” y substituirla por la frase “covered entity”.

Veamos el lenguaje del RFRA:

“SEC. 3. FREE EXERCISE OF RELIGION PROTECTED.
(a) IN GENERAL. — Government shall not substantially burden a person’s exercise of religion even if the burden results from a rule of general applicability, except as provided in subsection (b).
(b) EXCEPTION. — Government may burden a person’s exercise of religion only if it demonstrates that application of the burden to the person —
(1) furthers a compelling governmental interest; and
(2) is the least restrictive means of furthering that compelling governmental interest.”
Este lenguaje ha sido declarado constitucional por el Tribunal Supremo Federal y es similar al lenguaje propuesto en el P de la C 1018:

“Artículo 5.-A manera de excepción, el gobierno podrá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, únicamente cuando pueda demostrar lo siguiente:  que la acción estatal es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante, y que es el medio menos oneroso de promover dicho interés gubernamental apremiante.”

Sin embargo hay dos asuntos en los cuales el proyecto propuesto añade unas salvaguardas. Lo primero es que busca un acomodo razonable para las convicciones religiosas tratando de disminuir las controversias que lleguen a los tribunales y buscando evitar situaciones difíciles e incómodas.

“Precisamente por la función preventiva de este estatuto, ante situaciones conflictivas futuras previsibles, tanto los empleados como los patronos del sector público deberán buscar acomodos razonables, previo a que surjan situaciones conflictivas, evitando a los ciudadanos, que requieran servicios públicos, vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo.” Pág. 6

Aparte, se recomienda que se comuniquen la objeciones de manera fundamentada y por escrito. Esto es algo que ayudaria al funcionamiento del gobierno.
“Artículo 4.- El gobierno no podrá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona,… A tales fines el empleado, contratista o funcionario vendrá obligado a plantear su objeción religiosa de forma fundamentada y escrita.

¿Porque necesitamos esta ley? La necesitamos por las personas que han sido interrumpidas y amenazadas en el ejercicio del compartir su fe. La necesitamos por los obstáculos que comunidades de fe han tenido para acceder a facilidades del gobierno. La necesitamos por la hostilidad que algunos creyentes han enfrentado por tener símbolos religiosos en sus centros de trabajo del gobierno.

Tener esta ley como parte de nuestro ordenamiento jurídico le comunica al gobierno en general y a la rama judicial en particular, el principio legal aplicable cuando se traten controversias de libertad religiosa. Sin embargo, el proyecto propuesto es mucho más que la ley federal aplicable. En esto el Señor Gobernador vuelve a demostrar su personal desconocimiento del proyecto propuesto.

El desconocimiento tiene solución, informarse mejor. El defecto de carácter que implica faltar a la palabra ofrecida… augura tiempos difíciles para nuestro pueblo.

Sacerdote católico y abogado aclara proyecto de ley de libertad religiosa

Nosotros los creyentes no pedimos privilegios sino el derecho a ser diversos.

Por: Lic. Carlos Pérez – Sacerdote Católico

Carlos Pérez 2He querido escribir esto para clarificación de todos los puertorriqueños ante las intervenciones irresponsables en estos días. En la opinión pública por parte de aquellos que tanto desde el poder como desde las trincheras del ataque visceral a la libertad religiosa no entienden que nosotros los creyentes no pedimos privilegios sino el derecho a ser diversos.

Sobre el proyecto del RFRA “boricua” se debe tener en cuenta primeramente que este estatuto no aplica entre partes privadas, solo entre la relación del creyente con respecto al estado. Por lo tanto el estado siempre tiene obligación de prestar el servicio buscando alternativas que respetando a todos los ciudadanos acomode la conciencia religiosa del creyente.

No se puede discriminar con los creyentes en el sector del servicio público y la jurisprudencia habla de acomodar la libertad del creyente a menos que demuestre el estado un interés apremiante y que ha usado el medio menos oneroso. Eso es lo que el proyecto pretende.

Por lo tanto en una disputa entre un patrono y un obrero del sector privado aplicaría el art. 2.19 de la llamada “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” y la ley de derechos civiles de 1964 sobre el acomodo razonable por motivos religiosos.

El comunicado de prensa del gobernador es correcto en cuanto que el estado no debe discriminar en sus servicios, la ley del RFRA del proyecto 1018 lo único que dice es que al creyente no puede ser obligado a prestar un servicio contrario a su conciencia (ejemplo realizar un aborto); ante ese panorama el estado tiene la obligación de prestar el servicio, buscando una alternativa que preste el servicio y que acomode razonablemente la conciencia religiosa del creyente.

La razón de promover esta legislación es doble:

  1. Por que en un cambio de status, tanto bajo la estadidad o la Independencia, la libertad religiosa quedaría sin la protección con el alcance que tiene con el estatuto federal RFRA federal. Estaría en peligro la libertad religiosa como lo entendemos hoy.
  2. Por que nuestro acervo jurídico local debe ampliar su horizonte con parámetros de protección que no están previsto en nuestras leyes o interpretaciones judiciales locales. Debemos recordar que muchas veces las leyes federales cubren distintas áreas que también son cubierta por las leyes locales tanto en los estados como los territorios. Como ejemplo es la ley laboral 100, que cubre casos de discriminar en el empleo, ya existen leyes federales que cubren muchos de los problemas laborales de la ley 100; pero la idea detrás de desarrollar leyes locales, aunque hayan federales, es que la autonomía local de los estados y territorios exige ampliar sus horizontes jurídicos de protección ya que en el esquema norteamericano la jurisdicción federal se concibió como algo limitado, en otras palabras cuando no haya leyes locales aplicables por “defecto” se aplicaran las federales. Por eso, en las cuestiones laborales, no se puede recurrir a la jurisdicción federal sino se ha agotado la ley estatal.