¿Qué somos para el estado?

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En un artículo que publiqué el 17 de marzo titulado: “Tengo confusión de Espíritu”, concluí diciendo “Sí, tengo confusión de espíritu. Los cristianos han perdido su identidad.”… La realidad es que sí tengo confusión de espíritu. Me explico con la siguiente pregunta: ¿qué representa la no inclusión de la iglesia y la figura pastoral en la orden ejecutiva?  Primero nos quisieron redefinir diciendo que éramos comunidades de base de fe  y  nos quieren definir como corporaciones.  Ahora no existimos jurídicamente o nos redefinen como : … “o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar”  Y a los  pastores como: “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Posteriormente en la siguiente Orden Ejecutiva incluyeron los pastores y los servicios grabados y  redes electrónicas. No fui el único que levantó la voz de alerta.

Como expliqué en dicho artículo avalé como medida de prudencia  el que entendiéramos que “..o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.”  Y que los pastores quedan excluidos del toque de queda en la frase:    “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Pero levanté mi voz de alerta con el artículo. Estábamos protegiendo la salud de nuestros hermanos en la fe.

El día de la Orden, inmediatamente  me comunique con la Oficina de Base de Fe en la Fortaleza. Para mi sorpresa dicha Oficina avaló que la iglesia estuviera bajo esa disposición. Por ello, desde ese momento con sabiduría me dediqué a llevar el mensaje de que esa orden era inconstitucional. Hoy creo han entendido, por eso felicito las iglesias que están abriendo siguiendo las medidas de salud necesarias. Es voluntario asistir.

Entonces tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo nos ve el estado? Si la misma Oficina de Base de Fe de La Fortaleza validó la definición de la Orden Ejecutiva, que simplemente somos un evento que propicia la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, ¿qué somos para ellos? También existen las acciones del Estado prosiguiendo un caso fabricado contra un Pastor, realizando un despliegue de fuerza excesiva. El caso no pasó de primera base. Es otro aspecto a evaluar.

En dicha orden se permitieron los bancos de alimentos y se estaba entregando a las iglesias alimentos de los comedores escolares, para que llegaran al pueblo. Me viene a la mente la frase de Jesús: “me buscan porque multiplique los panes y peces entre cinco mil y en otra ocasión entre cuatro mil”. Él se levantó y se fue a la otra orilla. ¿Nos busca el estado simplemente para que repartamos comida, servicios sociales y que seamos cantores de amor en sus desayunos de oración? En esas instancias Jesús también se levantó y se fue.

Veamos lo que en un caso de Kentucky dijo el gobierno:

“On March 19, 2020, as part of broader efforts to “flatten the curve,” acting Secretary of the Cabinet for Health and Family Services Eric Friedlander issued an order prohibiting “mass gatherings.” Per Secretary Friedlander’s Order, mass gatherings include “any event or convening that brings together groups of individuals, including, but not limited to, community, civic, public, leisure, faith-based, or sporting events;

Later, on March 25, 2020, Governor Beshear issued an executive order mandating all businesses which are not “life-sustaining” close. [R. 3-5.]. Religious organizations were excluded from the category of “life-sustaining,” except to the extent they provide “food, shelter and social services.”

¿Les suena parecido? Para dicho Gobernador la iglesia sólo podía funcionar para proveer alimento, alojo y servicios sociales. Obviamente no para predicar el evangelio. La posición de la iglesia que presentó la solicitud de orden para abrir le fue concedida:

“Plaintiff Tabernacle Baptist Church describes itself as “an independent, fundamental, Baptist church, independent of the world but dependent on the Word of God.” Id. at ¶ 13. Since issuance of the above orders, Tabernacle has ceased holding in-person religious services. [R. 3-1 at 5.] Instead, Tabernacle has resorted to broadcasting services online via Facebook or holding drive-in services wherein congregants may listen to the service over their FM radio. Id. For Plaintiff, these substitutes offer cold comfort. “Tabernacle has a sincerely-held religious belief that online services and drive-in services do not meet the Lord’s requirement that the church meet together in person for corporate worship.” Id. For this reason, Tabernacle argues the foregoing Orders violate its First Amendment rights to free exercise of religion and freedom of assembly the orders are not narrowly tailored to serve the public health interest.”

Para ellos el mandato del Señor de congregarse es obligatorio y no puede ser sustituido por servicios por las redes electrónicas. Esta gente no tiene confusión de espíritu. Ellos tienen mas medidas de salubridad implantadas que las que establece el CDC. Así se protegen a los que se congregan. Tampoco vamos a ser parte de la propagación del contagio.

Conozco iglesias que ya habían tomado esas medidas, pero se les ordenó cerrar por sus oficinas centrales y abandonaron a los que entendíamos que podíamos abrir con los protocolos de salud correspondientes.

Gracias Señor pues ante tanta falta de identidad, te llevaste a tu pueblo a sus casas para que te escuchen a ti.

Las iglesias no dependen del estado para determinar su fecha de apertura

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En esta pandemia, las iglesias no dependen del Estado para determinar cuando abren. Eso es una falacia jurídica y una postura política acomodaticia de aquellos que así lo postulan. Algunos concilios por motivo de la pandemia, cerraron sus templos, antes de la determinación de cierre del gobierno mediante Orden Ejecutiva. Pretender ahora que dependen de la determinación del Estado para reabrir los templos es una movida político-religiosa. Me explico. Si los concilios deciden abrir y hay contagio, entonces se les imputará la culpa  a los líderes. Pero si abren con indicaciones del Gobierno y hay contagio entonces ellos dirán que la culpa es del Gobierno pues ellos siguieron sus instrucciones. ¿Me pregunto entonces quien tiene la responsabilidad del rebaño, el gobierno o el credo?

Con tomar las medidas de salubridad de distanciamiento social, mascarillas, guantes, espacios, cantidad de personas y duración del culto es suficiente. Exigir mas es violentar la separación de iglesia y estado.

Deseo ser breve pero claro. No es necesario establecer que la Iglesia es un servicio esencial o económico para determinar, su apertura en esta pandemia. Ambas suposiciones son un desvarío embriagantemente nocivo de la constitución y una manera burda de eludir su cumplimiento. Las iglesias existen por su propia naturaleza y está reconocida su existencia en la Constitución a tal punto que prohíbe al Estado que intervengan con ellas, y le ordena mantenerse separado de las mismas.  

La Iglesia, en nuestro estado de derecho constitucional coexiste con el Estado. Es decir  su existencia esta reconocida en la constitución al igual que la del estado. A pesar de que en sus funciones existe una hermosa fricción jurídica, sus contornos ya han sido establecidos. El Estado no puede intervenir con el gobierno interno de iglesia, su doctrina, credo, fe. Tampoco puede negarle un servicio o beneficio para el que cualifican otros por el mero hecho de su naturaleza religiosa.

Existen unos límites del Estado en materia constitucional cuando  se trata de una emergencia de salud, esbozados en el caso de Jacobson cuya pertinencia ha sido sostenida por el Tribunal  Supremo de los Estados Unidos en varias ocasiones.

El Art ll sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece lo siguiente:

“No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.”

En Agostini Pascual v Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979), se resuelve que decisiones administrativas internas de una iglesia como cerrar una iglesia-escuela no podían revisarse judicialmente. En Surinach v Pesquera de Busquet, supra, se determinó que la intención de una agencia de gobierno de inspeccionar y evaluar los gastos de una escuela católica era una intromisión indebida a una iglesia. 

“It is well established that state action, although neutral on its face, can in practice occasion a substantial infringement on First Amendment freedoms. See Wisconsin v. Yoder, supra, 406 U.S. at 220-21, 92 s.ct. 1526; Walz v. Tax Commission, supra, 397 U.S. at 675-76, 90 s.ct. 1409; Sherbert v. Verner, supra, 374 U.S. at 409, 83S.Ct. 1790.”

El marco jurídico que gobierna la autoridad  de los estados sobre las medidas de emergencia a aplicar en una crisis de salud, lo establece el caso de Jacobson v. Commonwealth of Massachusets, 197 US 11 (1905). En este caso se consideraron planteamientos sobre la compulsariedad de las leyes de vacunación relacionado a “smallpox epidemics” in Cambridge, Massachusets.  Se alegó que se violentaba la decimocuarta enmienda sobre el derecho de la persona sobre su cuerpo y su salud.

Allí se establece que la libertad establecida por la Constitución no implica un derecho absoluto de la personas en todo tiempo y en toda circunstancia. Dichas libertades pueden ser restringidas. Una comunidad tiene el derecho de protegerse a sí misma ante una epidemia que amenaza la seguridad de sus miembros. 

“ [I]n every well-ordered society charged with the duty of conserving the safety of its members the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under the pressure of great dangers, be subjected to such restraints, to be enforced by reasonable regulations, as the safety of the general public may demand.”

Veáse en adición los casos de Lawton v. Steele, 152 US 133, (1894); Compaigne Francaise de Navigation a Vapeur V. La State Bd. Of Health, 186 US 380 (1902); Prince v. Massachusets, 321 US 158 (1944); United States v. Caltez 344 US 149 (1952), donde se reconoce dicho principio. 

No ponemos en duda que el Estado tiene la autoridad de mediante Orden Ejecutiva tomar medidas para proteger la salud de la comunidad, ante la pandemia existente. Pero el Estado no tiene autoridad si no ha cumplido con estos parámetros de cuándo debe cerrar o abrir una iglesia.  

Claramente Jacobson (id.) establece que los derechos constitucionales  no desaparecen durante una crisis de salud. Si el estatuto va dirigido a proteger la salud pública, la moral pública, la seguridad pública, si tiene o no real o sustancialmente relación al objeto propuesto, o más allá de todo cuestionamiento sea una palpable invasión de los derechos protegidos por nuestra ley fundamental. De no cumplir esos criterios,  no resiste el análisis constitucional.

La medida que se aplique no puede ser ejercida de manera arbitraria ni irrazonable. No puede ser una regulación opresiva. Se tiene claramente que establecer que protege el público en general; que la medida es razonablemente necesaria para el cumplimiento de su propósito  y no una carga onerosa sobre los individuos. Debe tener una relación sustancial directa a la crisis de salud y no ser una palpable invasión de los derechos constitucionalmente asegurados. En resumen la acción del Estado tiene que tener una relación sustancial directa, el gobierno no puede excederse, tiene que ser la medida menos onerosa para atender la emergencia, y si va más allá del asunto planteado existe un conflicto palpable con la constitución.

 Este caso habla de una ley, aquí es meramente una orden ejecutiva. Es decir tiene menos estatura constitucional.

Ante este marco jurídico entendemos que en su día puede prevalecer en un tribunal que las iglesias son las que determinan cuando abrir, no el Estado. Cada pastor en conjunto con su feligresía respondiendo a su libertad de culto y religiosa, tomando las medidas de salubridad necesarias, puede abrir cuando lo estime pertinente.

¿Se puede abrir una iglesia sin permiso gubernamental?

P. Carlos Pérez Toro
Sacerdote y abogado civil

He afirmado de modo claro que la apertura de las iglesias no está supeditada, simplemente, a un plan trazado por el gobierno. La actividad de culto, en el contexto de la disciplina eclesial, es uno de los quehaceres sociales vedados, de modo ordinario, a la intervención gubernamental. Es decir, el gobierno no puede decirme cuándo ni cómo realizo una actividad de culto. Esa es la cláusula de separación de la iglesia y el estado que reconoce que esas dos realidades sociales (gobierno e iglesia) tienen autoridad primaria en la resolución de sus asuntos propios, internos y administrativos. Todo eso está basado en el reconocimiento de que la iglesia tiene unos derechos fundamentales que son “intrinsic in the concept of ordered liberty” (Una frase inventada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos).

Sin duda, hay momentos en que el estado, en la protección del bien común, puede coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva de las iglesias. Ante ese escenario legítimo de convivencia social, la constitución y los estatutos federales, activan un mecanismo de protección legal para evitar la arbitrariedad y el atropello de los derechos fundamentales por parte de quien ostenta de manera transitoria el poder.
Ese mecanismo constitucional obliga al estado a actuar de tal manera que sus intervenciones contra la libertad religiosa colectiva sean hechas dentro de unos parámetros legales. ¿Cuáles son esos parámetros legales? Que el estado, en sus intervenciones, evite la arbitrariedad y que si tiene que restringir algún derecho fundamental lo haga solo en aquello que sea estrictamente necesario. Puesto de otra manera: toda acción gubernamental que limite significativamente un derecho fundamental el estado tiene que probar que su intervención responde a “un interés apremiante” y que “ha usado el medio menos oneroso”.

Ese discernimiento legal antes esbozado debe ser usado no solo en los tribunales de justicia, en medio de un conflicto legal, sino también en cualquier acción gubernamental que suponga intervenir de alguna manera con la autonomía constitucional de las instituciones eclesiales. Por eso tenemos necesidad de incorporar esos principios en nuestro quehacer gubernamental y en nuestra cultura popular para evitar conflictos que no benefician a nadie en sociedad, máxime cuando en este momento todos debemos tirar en la misma dirección para superar en conjunto esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Recordemos que las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Sin embargo, es importante subrayar, que esos parámetros especiales para las iglesias antes descritos, no están disponibles para otras actividades sociales a los cuales la constitución solo reconoce derechos no fundamentales cuya protección está reducida a que la intervención estatal sea hecha para un fin legítimo utilizando un medio razonable. Entre esas actividades sociales, que no tienen protección especial, están las actividades del sector económico. En efecto el estado a través de licenciamientos, leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos administrativos coarta esas actividades de una manera bien amplia que van desde horarios, lugares, hasta las maneras y modos de realizar esa actividad económica. Esa libertad de intervención que tiene el estado con el sector económico no la tiene el gobierno con las iglesias.

Por eso me ha resultado preocupante el modo como nuestras autoridades públicas están realizando esta reapertura de nuestro país. Veamos mi preocupación.

Primero el gobierno realizó un diálogo con el sector económico determinando las etapas en que ese grupo social iba a reincorporarse al quehacer productivo laboral. La consigna era clara, no todos a la vez (ya que hay sectores que son servicios esenciales o significativamente importantes) y toda apertura debía seguir unos parámetros estrictos de salubridad que evite el contagio. Esa apertura escalonada estaría bajo un “monitoreo” del gobierno para intervenir en caso que los números de contagio y muerte se disparasen alarmantemente.

Segundo, a diferencia de lo que hizo con el grupo económico, con el sector religioso el gobierno ha mantenido una actitud de distanciamiento y lentitud para propósitos de reapertura. Esa actitud gubernamental ha llevado a “invisibilizar” a las iglesias como se puede concluir de las expresiones de algún miembro del task force económico que ha homologado a las iglesias a un teatro o a un “beauty parlor”. Incluso, podríamos afirmar, que la apertura de las concreteras (cementeras) implica, implícitamente, que el abrir otra vez las iglesias para el culto presencial es menos urgente y necesario para propósitos de bienestar social.

Lo curioso es que la iglesia es el único sector social que en sus diálogos con el gobierno podría reclamar unos derechos constitucionales fundamentales como ha sido recordado en un caso federal reciente First Pentecostal Church of Holly Springs v. City of Holly Springs Mississippi en la que una corte de distrito de Mississippi afirmó:

The First Amendment guarantee of the Free Exercise of religion is one of the most important ones set forth in the Bill of Rights, and, without question, it grants the Church, in this case, the right to assert certain rights which, say, a barbershop would have no right to assert.

La conclusión es clara si abres la actividad económica pierde validez tu argumento a favor de la clausura de la actividades religiosas de culto presencial.

También es importante subrayar que el gobierno en su diálogo con el sector económico exigió que su apertura estaba supeditada a que se implementaran medidas estrictas de seguridad médica. Entre esas medidas estaban: apertura escalonada; evitar la conglomeración de multitudes en un lugar; distanciamiento social; uso de máscaras y guantes, uso de productos de desinfección etc.

Lo anterior me lleva a preguntar: ¿Si las iglesias implementan el mismo protocolo del sector económico tendrían derecho a abrir? ¿Podría el gobierno ordenarles a las iglesias seguir cerradas cuando ha permitido a otros sectores a abrir? Los casos que se han dado en los Estados Unidos, en las que las iglesias han reclamado su derecho a abrir en igualdad de condiciones que el sector económico, nos enseñan que prohibírseles a las iglesias a abrir seria discriminatorio e inconstitucional. El principio legal es el siguiente: Si el Gobierno permite abrir al sector económico abrir con unos protocolos de salubridad deja de tener autoridad legal para prohibir el culto presencial. En ese caso el Gobierno solo podría exigir, en razón del bien común, la implementación de las medias de salubridad que ha exigido a otros.

De lo anterior podemos afirmar que el estado no puede justificar que una iglesia esté cerrada basada en argumentos de salud o peligro de contagio porque permitiendo la apertura del sector económico está demostrando, que en medio de esta pandemia, existe un medio menos oneroso que el cierre total de una iglesia. Todo eso se pudo haber hablado, en un diálogo entre iguales, entre las autoridades públicas y las autoridades religiosas.
Por eso el gobierno federal publicó unas guías sobre la libertad religiosa en el contexto del Covid 19 afirmando, entre otras cosas que:

[..] Even in times of emergency, when reasonable and temporary restrictions are placed on rights, the First Amendment and federal statutory law prohibit discrimination against religious institutions and religious believers. Thus, government may not impose special restrictions on religious activity that do not also apply to similar nonreligious activity. For example, if a government allows movie theaters, restaurants, concert halls, and other comparable places of assembly to remain open and unrestricted, it may not order houses of worship to close, limit their congregation size, or otherwise impede religious gatherings. Religious institutions must not be singled out for special burdens.

Llegando a afirmar de manera categórica:
As we explain in the Statement of Interest, where a state has not acted evenhandedly, it must have a compelling reason to impose restrictions on places of worship and must ensure that those restrictions are narrowly tailored to advance its compelling interest. While we believe that during this period there is a sufficient basis for the social distancing rules that have been put in place, the scope and justification of restrictions beyond that will have to be assessed based on the circumstances as they evolve.
Estoy convencido de la nobleza de las iglesias en su lucha por estar abiertas y cercana a la gente. Si algo quieren las iglesias es tirar en la misma dirección que el gobierno para vencer esta pandemia. Lo hemos hecho hasta ahora, demostrando, a veces de modo heroico, nuestro deseo de acompañar a nuestro pueblo poniendo “nuestra confianza en Dios Todopoderoso”.

Que no quede la menor duda que nos encontramos claramente ante una situación social dramática y peligrosa. Sin duda esta emergencia hace que el estado tenga un interés apremiante que justifica coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva. ¿Pero es el cierre total de la actividad de culto presencial el medio menos oneroso? ¿Es jurídicamente correcto que el estado entienda que tiene que dar permiso para realizar una actividad de culto presencial determinado además fechas y MODOS para poder realizarlo? La respuesta categórica es no. Eso sería volver al cesaropapismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia y al estado a lo largo de la historia. Lo que estoy reclamando es a la autonomía de las instituciones eclesiales para decidir con responsabilidad, en dialogo con el gobierno, cuando y como se puede abrir.

Pienso que en las circunstancias actuales en donde sectores económicos han reiniciado su actividad el estado no puede imponer fechas unilaterales o prohibir actividades de culto presencial. Eso no le compete al estado jurídicamente hablando. Eso no quita que el estado puede exigir (repito exigir) que las actividades de culto presencial sean realizadas utilizando los mismos parámetros de salubridad que se ha exigido al sector económico. Ni más ni menos. Pero eso no es lo mismo que pensar que el estado da permiso, o concede posibilidad. Es una relación entre iguales, constitucionalmente hablando, que exige un diálogo, que estoy seguro que ambos, tanto el estado como la iglesia, quieren tener.

Por eso felicito grandemente la iniciativa de la gobernadora que ha convocado los sectores religiosos del país a dialogar para la apertura de la actividad religiosa. Ojala que se hubiera dado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pero todo dialogo debe estar basado en presupuestos legales claros y en este caso es que el gobierno debe entender que no puede determinar fechas de aperturas o cierres de manera unilateral. Repito, las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Exhorto a mis hermanos sacerdotes y pastores, sin tener ninguna autoridad sobre nadie, a comenzar la preparación para su reapertura eclesial, tomando conciencia de la importancia de implementar las mismas medidas prudenciales que el sector económico ha implementado en su reapertura, ese es el modo responsable de hacerlo legalmente hablando.

Los diálogos de nuestras autoridades religiosas con el gobierno es el mejor modo de hacer la reapertura. Pero teniendo claramente en cuenta nuestro derecho a la actividad de culto presencial sin interferencia indebida del estado. Nuestros hermanos en los Estados Unidos han ido a los tribunales (con el respaldo de la fiscalía federal) cuando el estado no logra entender la peculiaridad de nuestra identidad en el mundo que exige que se respete nuestra libertad de realizar a lo que Dios nos envió ser siervos de los siervos de Dios.

Este escrito no pretende atacar el gobierno. Aprecio a nuestras autoridades públicas en todas las ramas constitucionales y como sacerdote les tengo cariño y deseo de servirles. El que pretenda usar este escrito para atacar algún político o figura pública sepa que no ha entendido mi intención y tiene mi absoluto rechazo. Este escrito es para dialogar con quien ostenta el poder. Diálogo que en este momento, en el caso mío, lo encauso a través la oración para que las conversaciones entre el gobierno y las autoridades religiosas den fruto.

Ojala que todos aprendamos como debe ser entendida las clausulas religiosas de nuestras constituciones para evitar conflictos estériles y atropellos de derechos humanos fundamentales.

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Irresponsabilidad suprema del periódico Primera Hora

Por: Milton Picón Díaz
Presidente de Morality in Media de PR

Siempre lo hicimos saber desde un principio, el Proyecto del Senado 1000 no trataba de prohibir las terapias reparativas o de conversión, no trataba de terapias de electro choques ni cosas parecidas, trataba desde un principio sobre la intimidación y la coerción de pastores e iglesias. No pudieron producir testimonios locales. Lo más cercano a una terapia de conversión que pudieron producir databa de los años 70´s y fue practicada en España. Todo lo que se escuchaba de los labios de la flamante Senadora Zoe Laboy eran alegados testimonios de experiencias pasadas por homosexuales en iglesias. No eran testimonios de terapias ejercidas por profesionales de la conducta humana en oficinas privadas. Todo era iglesia, iglesia e iglesia. Por eso el proyecto original radicado por los tres partidos prohibía en blanco y negro, “la oración y el consejo religioso”. En el camino le borraron la oración anterior porque era obvio de que se trataba de persecución religiosa.

Luego del proyecto 1000 ser derrotado en la Cámara de Representantes, sale otra “víctima” de las terapias de conversión a dar su testimonio. ¿De que habla? De lo mismo, de las iglesias. En este ocasión el periódico irresponsable de Primera Hora, le permite a esta persona echarle sombra a las denominaciones pentecostales del país. ¿Qué le cuesta a una reportera preguntarle a una persona que hace una denuncia, que diga el nombre de la Iglesia o de los lideres religiosos que alegadamente practicaron dicha “terapia de conversión”? Lo único que le puede costar es la corroboración del hecho que se denuncia, porque cada historia tiene dos partes. El gran problema en todo este asunto de las terapias reparativas es que ha sido una campaña unilateral en donde se hacen denuncias, no se documentan detalles importantes, no existen estadísticas y hay militantes ayudados por la prensa local que son los que le están cargando las maletas a los políticos que tienen unas agendas anti cristianas claras.

Fuente: https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/hablaunavictimadelasterapiasdeconversion-1332648/

Puerto Rico se nos muere

Dr. César Vázquez Muñiz
Portavoz PR por la Familia

¿Qué podríamos hacer? Podríamos declarar un estado de emergencia, no solo del gobierno, sino de toda la sociedad. El gobierno puede declarar que la seguridad, la educación y la salud son los servicios esenciales y redirigir sus recursos hacia estas áreas. Aquello que no sea esencial debe ser evaluado, y si fuese necesario eliminado.

Nos arropa la violencia. Provoca miedo, rabia, deseo de venganza, incertidumbre y lo peor… Impotencia. Quisiéramos huir. Algunos compran armas. Nos rodeamos de alarmas y de cámaras de seguridad. Otros miran para el otro lado, rogando que no les toque. El colmo del cinismo es decir que mientras se maten entre ellos no importa. Lo único que importa es que no maten a un inocente. Mientras tanto el gobierno repite que los asesinatos “son 20 menos que para la misma fecha el año pasado”.

A corto plazo hay que aumentar el número de policías, pagarles mejor, mejorar sus condiciones de trabajo, y darle mejores equipos para que puedan realizar su labor. Hay que hacer lo propio con Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia y Tribunales. Esto implica una reingienería radical del gobierno. También implica que tendrían que desaparecer algunas agencias. Son decisiones difíciles. Gente se quedaría sin trabajo.

Hay que trabajar con los confinados en el área de adicción, salud mental, educación y destrezas de trabajo. Tienen que salir de la cárcel cuerdos, libres de adicciones y con la capacidad de ganarse la vida. Esto implica también cambiar leyes y educar a la ciudadanía.

Tendríamos que trabajar con el problema de la deserción escolar. Tendríamos que estudiar el fenómeno, hasta ahora inexplicable, de porqué tenemos tantos niños con problemas de aprendizaje.

Habría que trabajar para fortalecer la familia y que esta cumpla su labor de educadora primaria y de influencia más importante para la vida del individuo.

¿Y la iglesia? Buscando la intervención decisiva y transformadora del Espíritu de Dios para nuestro pueblo. Reconociendo el pecado de la indiferencia y de la irrelevancia. Tendríamos que arrepentirnos del pecado de la división y de la búsqueda de protagonismo. Tendríamos que reconocer que algunas iglesias, más que ministerios, son negocios. Que más que servir buscan servirse. Tendríamos que dejar de entretener para empezar a ministrar. En última instancia el único que liberta del pecado y transforma el corazón es el Espíritu de Dios. Tendríamos que empezar a llorar y a orar por nuestro pueblo como quien llora y ora por un hijo que se muere.

¡Menos no es suficiente!

¿Es el Islam compatible con la cultura estadounidense?

Islam

Por: Frank Hawkins

Frank Hawkins es un ex oficial de inteligencia del Ejército de EE. UU., Corresponsal extranjero de Associated Press, empresario internacional, ejecutivo senior de una compañía de periódicos, fundador y propietario de varias compañías de marketing, y novelista. Actualmente vive retirado en Carolina del Norte.

21 de noviembre de 2018 (American Thinker): Wikipedia define la islamofobia como el miedo, el odio o el prejuicio contra la religión islámica o los musulmanes, especialmente cuando se los considera una fuerza geopolítica o la fuente del terrorismo. Sí, muchas personas en todo el mundo que se identifican con el Islam son personas amables, trabajadoras y amorosas. Pero eso es un tema separado del Islam mismo. Aquí hay diez preguntas sobre la compatibilidad del Islam en América. Dependiendo de tus respuestas, ¿eso te hace un islamófobo?

10. ¿Son compatibles el islam y la sharía con la cultura estadounidense?

Los valores generalmente aceptados en la nación americana enfatizan una amplia gama de libertades que involucran la libertad de expresión, la sexualidad y los estilos de vida, así como la igualdad de derechos para las mujeres, las minorías y una larga lista de otros derechos. Nada de esto encaja con el programa de la Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) que afirmó bajo la ley sharía, la pena de muerte para quienes abandonan el Islam, castigando a las mujeres que son víctimas de violación, permitiendo que los hombres sean polígamos, permitiendo que golpeen a sus esposas , y censurando el discurso que insulta el islam.

9. ¿El Islam amenaza con destruir nuestro sistema legal y nuestra Constitución?

El Islam no es meramente una religión. Es toda una estructura social y cuasi gubernamental con su propia estructura legal llamada sharía. El Corán exige la subyugación de infieles o no creyentes, si es necesario a través de la yihad armada. El Dr. Irwin Lutzer en su libro The Cross in the Shadow of the Crescent, describe a un manifestante musulmán en Dearborn, Michigan con un cartel que dice: “¡Usaremos las libertades de la Constitución para destruir la Constitución!” Ese es el plan de juego. Verás, la ley sharía está en conflicto directo con la Carta de Derechos. La Primera Enmienda, por ejemplo, establece que el Congreso no hará ninguna ley que prohíba el “libre ejercicio” de la religión. Sin embargo, Mahoma dijo: “Quien cambie su religión islámica, mátelo. Los que rechazan el Islam deben ser asesinados”. La ley islámica impone el estatus de “dhimmi” a los no musulmanes, prohibiéndoles observar sus prácticas religiosas públicamente, orar en voz alta, tocar las campanas de las iglesias o decir cualquier cosa que se considere “insultante al Islam”. La ley islámica relega a los no musulmanes al estado de “dhimmi”, donde tienen prohibido propagar sus costumbres entre los musulmanes y no pueden mostrar una cruz, adornos navideños o la Estrella de David. Hay mucho más, ¿pero entiendes la idea?

8. ¿El Islam y la sharía son tolerantes con otras religiones?

La tolerancia es un valor estadounidense fundamental. Pero ese es el polo opuesto del Islam. Cuando los musulmanes no están en una posición de autoridad, naturalmente piden tolerancia y cooperación. Pero solo hay que mirar a las sociedades musulmanas para comprender hasta dónde llegan. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en Arabia Saudita? Cero. ¿A los no musulmanes (infieles) no se les permite visitar La Meca? Los cristianos son rutinariamente atacados o asesinados en Pakistán. Más de 600 cristianos han sido arrestados y detenidos arbitrariamente en Irán en el último año. Las autoridades iraníes asaltan rutinariamente los servicios religiosos, amenazan a los miembros de la iglesia y arrestan y encarcelan a los fieles y líderes de la iglesia, especialmente a los cristianos evangélicos conversos. Los líderes de la iglesia cristiana han sido explícitamente atacados por las autoridades iraníes acusadas de “delitos infundados relacionados con la seguridad nacional”.

7. Cuando los musulmanes afirman que el Islam es una religión de paz y amor, ¿están mintiendo al mundo no musulmán?

Pregúntale a Hicham Nostik, un ex musulmán que ahora vive en Alemania. Entiende la famosa cita del profeta Mahoma: “La guerra es un engaño”. Se permite mentir para engañar a un “enemigo”. El Corán define al “enemigo” como “incrédulos”. No hay manera de encubrir el significado de eso. De hecho, los apóstatas que abandonan el Islam están sujetos a la pena de muerte. La apostasía es un delito en 16 de los 49 países de mayoría musulmana; en otras naciones musulmanas como Marruecos, la apostasía no es ilegal, pero hacer proselitismo a los musulmanes sí lo es. En algunos países, como Irán y Arabia Saudita, está sujeto a la pena de muerte.

6. ¿Alguna vez ha habido un período en la historia totalmente caracterizado por la coexistencia pacífica entre musulmanes y no musulmanes?

Aparentemente no, según los detalles del nuevo libro de Robert Spencer, La historia de la Yihad desde Mahoma a ISIS, así como la Espada y cimitarra de Raymond Ibrahim: catorce siglos de guerra entre el Islam y Occidente; Pamela Geller, Stop the Islamization of America: una guía práctica para la resistencia; y libros similares escritos por Jamie Glazov, David Horowitz, Brigitte Gabriel y Amil Imani.

5. ¿Está el Islam en el proceso de tragarse a Europa?

Si se necesita más prueba del peligro del Islam para nuestra sociedad y cultura, no busque más allá de la espiral descendente de Europa. Los crecientes problemas causados ​​por los musulmanes en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suecia y Gran Bretaña siguen estando bien documentados. La toma musulmana de Gran Bretaña está tan avanzada que temo que solo una sangrienta guerra civil pueda revertir la marea. Douglas Murray lo ha explicado en detalle en su libro, La extraña muerte de Europa. Después de 25 años de intensa inmigración musulmana, Gran Bretaña cuenta con 3,000 mezquitas; 130 tribunales de la sharía; 50 consejos de la sharía musulmana; y docenas de “zonas prohibidas” donde las patrullas musulmanas de la “sharía” se aseguran de que nadie desobedezca la ley de la sharía. Gran Bretaña ha liberado recientemente de la prisión a Anjem Choudary, descrito como el predicador islámico más peligroso en el Reino Unido. Entre otros pronunciamientos, dice: “Cuando se aplique la ley sharía, tal vez dentro de 10 o 15 años, se esperaría [la reina] como todas las mujeres en Gran Bretaña deben estar cubiertas de pies a cabeza, solo revelando su cara y sus manos “. ¿O qué tal esto? “No habrá más pubs, ni más casas de juego, ni más loterías nacionales. Todas las mujeres tendrían que estar cubiertas adecuadamente y usar el niqab o velo, por lo que no habrá prostitución. Para el 2050, Gran Bretaña será una mayoría musulmana. país si las tendencias demográficas continúan. Será el fin de la libertad de democracia y la sumisión a Dios. No creemos en la democracia; tan pronto como tengan autoridad, los musulmanes deberían implementar la sharia. Esto es lo que estamos tratando de enseñar a la gente. ” ¿Hay algo de esto que no entiendas? ¿Podríamos conseguir que algún líder musulmán denuncie esto? Los británicos tienen miedo de hacerlo.

4. ¿Se asimilarán los inmigrantes musulmanes?

En 1991, James Walsh, ex abogado general asociado del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, dijo:

“Los inmigrantes dedicados a sus propias culturas y religiones no están influenciados por la fachada secular políticamente correcta que domina el mundo académico, los medios de comunicación, el entretenimiento, la educación, el pensamiento religioso y político en la actualidad. Ellos reclaman el derecho de no asimilar [.] … Tales inmigrantes dicen que sus tradiciones triunfan sobre el sistema legal de los Estados Unidos.”

Pero por favor, que los musulmanes hablen por sí mismos. Linda Sarsour, una importante activista musulmana, le dijo a la Sociedad Islámica de América del Norte el año pasado:

“Espero que cuando nos enfrentemos a los que oprimen a nuestra comunidad que lucha contra los tiranos y gobernantes, Alá acepte esto como una forma de yihad no solo en el Medio Oriente sino aquí contra los fascistas, los supremacistas blancos y los islamófobos que están ahora reinando en Casa Blanca. Nuestra principal prioridad es proteger y defender a nuestra comunidad y no asimilar y complacer a otras personas o autoridades. Nuestra principal prioridad es complacer a Alá y solo Alá.”

3. ¿Cuál es el récord de asesinatos islámicos radicales desde el 9/11?

El sitio web de Religión de la Paz enumera unos 34,034 ataques terroristas islámicos en todo el mundo desde el 11 de septiembre de 2001. Las mezquitas financiadas por Arabia Saudita e Irán son las principales fuentes de actividad yihadista. Israel ha frustrado al menos 40 ataques de ISIS en países occidentales en los últimos tres años. Desde el 11 de septiembre, otros 158 estadounidenses han sido asesinados en 53 actos separados de terror islámico mortal o asesinatos de honor relacionados con el Islam en los Estados Unidos. Cientos de complots de asesinatos en masa han sido frustrados o fracasados. Entre el 5 y el 25% de los musulmanes en Estados Unidos creen que la violencia en defensa del Islam está justificada.

2. ¿Puede haber alguna vez una reforma del Islam?

El movimiento de reforma del Islam en los Estados Unidos, dirigido por Zuhdi Jasser, un médico sirio de segunda generación que practica en Phoenix, opina que sí. Pero otros no creen que el Islam sea reformable. Los musulmanes han intentado reformar el Islam durante 1.400 años y siempre han fracasado. En Indonesia, el mes pasado, se canceló un mitin para promover el islamismo moderado después de las amenazas de violencia de los intransigentes. Los líderes de tales movimientos han sido decapitados por apostasía. La yihad y la sharía son principios fundacionales del Islam. Ningún juego de palabras cambiará eso. La mentira, el engaño y el terror, como herramientas islámicas básicas para mantener el control, proporcionan una plataforma que ningún reformador podría superar.

1. ¿Hay compatibilidad entre el Islam y los Estados Unidos?

La pregunta complementaria es si los estadounidenses están dispuestos a tomar medidas para neutralizar la amenaza del Islam. En su forma actual, con el objetivo explícito de un califato global bajo la sharía, el Islam debe considerarse como una amenaza existencial. Se necesitan formas específicas para lidiar con una ideología que busca abiertamente destruir la civilización occidental. ¿Qué se podría hacer para enfrentar esta amenaza? Antes de que sea demasiado tarde, considera estos pasos:

  •  Nuestros líderes políticos deben reconocer abiertamente la amenaza del islam tradicional a una democracia pluralista e insistir en que las instituciones islámicas rechacen formalmente y en la práctica el yihad violento como condición para el estado de exención de impuestos.
  • Nuestras escuelas deben enseñar la historia violenta y las creencias fundamentales del Islam, incluidas las estrictas normas y requisitos de la ley sharía, al mismo tiempo que contrastan eso con la Constitución y la Declaración de Derechos.
  • Los líderes musulmanes que predican la violencia deben ser procesados ​​agresivamente por incitación.
  • El Congreso debe aprobar leyes que prohíban la financiación extranjera de mezquitas o, como mínimo, requieren una reciprocidad total con los países musulmanes que otorgan plena libertad religiosa para que cristianos, judíos y otros grupos establezcan casas de culto y hagan proselitismo abiertamente.
  • Las leyes de conspiración y accesorios antes y después de los hechos dirigidas a cualquier persona, incluidos los miembros de la familia de terroristas, que no informen sobre actividades ilegales de las que tenían conocimiento deberían ser estrictamente aplicadas. No podemos permitirnos que Estados Unidos se convierta en otra nación dominada por los musulmanes.

Fuente: https://www.lifesitenews.com/opinion/is-islam-compatible-with-america-10-questions-to-ask

Y sigue el Gobernador hablando de forma irresponsable…

IMG-20150920-WA0004Pastor René X. Pereira 
Presidente de PR por la Familia

Ayer el gobernador Ricardo Rosselló se defendió de los señalamientos que ya varios sectores de la sociedad le han hecho (no solo los cristianos), por su apoyo al intérprete del género “Trap” Bad Bunny, y pedir a nombre del pueblo que abriera otra función más. Ahora el individuo dice que él lo hizo porque “él escucha al pueblo”.

Este es un claro ejemplo de lo que se conoce como el populismo. Se le conoce como la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. La gran pregunta es: ¿realmente el Gobernador está representando los intereses del pueblo de Puerto Rico al apoyar a este cantante vulgar y sucio? ¿Hay algún estudio estadístico que refleje que al menos “Bad Bunny” tiene el apoyo de más del 50% de los ciudadanos de nuestro país? Obviamente no; el Gobernador recurre a vana retórica cuando reclama que su apoyo a este personaje responde al mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Pero más aun, esta expresión resulta ofensiva e insultante.

Lo que Ricardo Rosselló está implicando es que el país entero aprueba y apoya esto. Y eso indudablemente, además de falso, es ofensivo.

Es más, estoy seguro que el Gobernador no le pondría esa “música” a sus hijos, ni tampoco a su propia esposa. Pero vamos al otro aspecto: ¿Debemos sentirnos orgullosos del éxito económico de Bad Bunny? ¿Es algo positivo el que una persona se lucre y prospere materialmente recurriendo al insulto, a la vulgaridad y a la denigración de las mujeres como si fueran un pedazo de carne que solo sirve para la gratificación sexual de los hombres? Si es así, debería felicitar a los dueños de puntos de droga y a los narcotraficantes que prosperan muchísimo también y el dinero que obtienen aporta a la actividad económica del país. El que haya miles de jóvenes y tal vez otros no tan jóvenes que paguen para ir a ver a un individuo como este no es motivo de alegría y satisfacción… es una verdadera desgracia. Y refleja el grado de deterioro moral y social que estamos viviendo. Si esa basura es la que están consumiendo miles de nuestros jóvenes, ¿qué podemos esperar del futuro de nuestro país?

Oh, claro que hay que seguir orando por el Gobernador. Dios lo ordena y es necesario. Pero cuidado… a veces algunos reclaman esto para que no se siga denunciando lo que está mal. Estoy seguro que Juan el Bautista oraba por Herodes, pero cuando tuvo que denunciar públicamente su pecado, lo hizo. Estoy seguro que Elías oraba por el rey Acab, pero cuando tuvo que parársele de frente y decirle: “Tú eres el que perturbas a Israel…” no le temblaron las rodillas. El apoyo que ha dado el Gobernador a Bad Bunny pone de manifiesto la poca seriedad y madurez de una figura que es un jefe de estado que representa a todo un país. Más aun, envía el mensaje de que no hay problema en que se denigre y se insulte a las personas. Y aun suponiendo que el apoyo fuera dirigido a su éxito económico y cómo el mismo beneficia al fisco, envía el terrible mensaje de que el fin justifica los medios. No importa cómo te vuelvas famoso y ganes dinero, porque lo importante es tener dinero.

Es la misma filosofía que promueve el mismo Bad Bunny en su canción “Estamos bien”: “Y eso que soy un grosero, hey
Que se jo*an, soy sincero… Gasto, gasto Y no me pelo
muchas put*s y modelos”

Ricardo Rosselló realmente no escucha a su pueblo. Solo escucha lo que él quiere escuchar. Y lamentablemente las voces que está escuchando son las equivocadas.

La decisión informada sobre el aborto

NaydaPor: Senadora Nayda Venegas Brown

El pasado lunes, 7 de mayo de 2018, esta servidora presentó el  Proyecto del Senado 950 para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico”.

Este proyecto tiene como fin primordial promover el interés apremiante del Estado de proteger los derechos de la mujer embarazada, al garantizar que esta lleve a cabo decisiones razonadas sobre su propio cuerpo, asegurando así su consentimiento informado y libre, dentro de los procedimientos de aborto.  Como segundo objetivo, promueve como política pública reconocer como un interés apremiante del Estado la protección de la potencialidad de vida humana, según permitido por la normativa federal.

No estoy ajena al debate público desatado por este tema tan delicado y que tantas pasiones genera.   Sin embargo, estoy convencida de que es hora de que tengamos esta conversación. Por muchos años, en Puerto Rico el tema del aborto y su reglamentación, ha sido echado al olvido, lo cual no ha hecho más que diseminar la desinformación y la ignorancia sobre el tema. Con la excusa de que se ha reconocido el derecho al aborto,  en Puerto Rico hemos dejado pasar dos verdades por alto:

1. Que el derecho al aborto no es absoluto.

2. Que tanto en los estados, como en Puerto Rico, se puede aprobar ley para reglamentar las clínicas de aborto, con el fin de que la mujer sea adecuadamente informada, asegurar facilidades medicas adecuadas y proteger la vida del no nacido. Aunque sabemos que muchos se oponen a reconocer el no-nacido como una “persona”, el Tribunal Federal ha resuelto que se puede legislar para promover el interés de la potencialidad de la vida, luego que el feto ya es viable.

Lo establecido en el P. del S. 950  promueve que los médicos expliquen a las pacientes todas las alternativas disponibles.  En mis funciones como senadora y presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, he tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de muchas mujeres que han abortado porque en el momento de desesperación, no han tenido orientación adecuada.  Según sus desgarradoras historias, ir a la clínica de abortos a buscar información fue como ir a un “dealer” de carro a informarte cómo comprar un auto. La realidad comercial del asunto es que los vendedores te van a querer vender el carro. Lo mismo pasa con las clínicas de aborto, en donde su negocio es el aborto mismo.

La decisión de abortar debe ser consentida e inteligente. Muchas mujeres sufren de depresión, síntomas de suicidio y patrones de conducta destructivos cuando se arrepienten de haber abortado. Ninguna ley obliga a los médicos a explicarles a las pacientes los riesgos de arrepentirse de abortar, no ofrecen un sonograma ni escuchan los latidos del corazón del feto, y dicen a las mujeres que eso es solo una masa de células, o “que eso no es nada”.

Esto tiene que cambiar. Las mujeres necesitan saber que corren un riesgo de arrepentirse y que pueden sufrir depresión por haber abortado un hijo, y las consecuencias psicológicas que una desestabilidad mental puede acarrear. El P. del S. 950 promueve que el médico ofrezca a la paciente hacerle un sonograma, a fin de esta sepa la verdad: que la “masa de células” tiene un corazón que late.  Por otro lado, existe el riesgo de que la mujer no pueda tener más hijos, y que desarrolle infecciones o hemorragias, dependiendo del procedimiento.  Me parece que los que abogan por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, deberían estar de acuerdo con todo lo que promueva la información necesaria y completa para tomar decisiones, como lo hace el proyecto.

La decisión de abortar debe ser libre. En Puerto Rico no se habla de que hay muchas mujeres y niñas que son obligadas a abortar por padres, parejas o conocidos. El P. del S. 950 busca que la clínica espere al menos 48 horas antes de realizar el aborto, luego de haber explicado los riesgos y opciones a la paciente. Esta reglamentación sobre la clínica ayuda a evitar que la mujer actúe bajo impulso, intimidación, violencia o sea una decisión provocada por la depresión, que luego lamente.   Que conste que el P. del S. 950 establece que, si hay una emergencia y la vida de la mujer está en peligro, no hay que esperar dicho término. Además, el Proyecto propone que, para alcanzar este fin, la clínica debe desplegar un letrero que informe a la mujer que obligarla a abortar es ilegal, y que ni siquiera su médico la puede presionar.  ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto?

Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones de Estados Unidos que no requiere que los padres tengan conocimiento de que las menores se van a someter a un aborto. El P. del S. 950 se acomoda a lo ya aprobado por el Tribunal Federal, y propone requerir que los padres consientan o, a falta de esto, entonces que la menor pueda ir al Tribunal en procedimiento sumario a ejercer su derecho.

Por último, el P. del S. 950, no solo vela por la salud y seguridad de la mujer, sino también por la potencialidad de la vida que carga en el vientre. Existen muchas referencias médicas y científicas que evidencian que el feto siente dolor ya a las 20 semanas de gestación.  En Utah, la ley requiere que se administre un anestésico al feto, si el aborto es realizado luego de 20 semanas. Precisamente, porque se reconoce que el feto siente dolor, cada vez se hace más común que los médicos pongan anestesia a los fetos, cuando hay que operarles en el útero.

El Tribunal Federal ha resuelto que este es un interés apremiante en un estado para proteger y es el fin del P. del S. 950 que en Puerto Rico se acoja esta política pública. Además, el P. del S. propone que si un bebé sobrevive el aborto, el médico debe darle el cuidado médico necesario.

Aunque sé que hay muchos asuntos en los que podemos estar en desacuerdo, sé que el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo conmigo en esto. ¿Cómo podríamos oponernos a esto? Me parece que realizar abortos a un feto de más de cinco meses, que sabemos que puede sentir dolor, o dejar morir a un bebe que sobrevive,  es espeluznante.

En los procedimientos de aborto en Puerto Rico no hay reglamentación ni límites. Esto es un negocio. No nos engañemos.  Es hora de que en nuestro país asumamos responsabilidad sobre el asunto y de regular para asegurarnos de que las mujeres ejerzan su derecho con conocimiento informado y libremente.

Fuente: Periódico El Nuevo Día
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