ACCIÓN EN EL SENADO PARA PROTEGER AL PUEBLO CRISTIANO, AHORA

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco

Este artículo está dirigido a algunos líderes políticos que entran a primarias para que ejerzan su liderato político y aprueben dos medidas legislativas de protección a sectores de la sociedad que están constantemente bajo ataque de políticos, la prensa y sectores económicos de la isla y los Estados Unidos.  Ataques camuflajeados bajo la alegada dignidad, derecho de las mujeres y de alegadas minorías. Solicito se aprueben ya los proyectos de protección de la libertad religiosa y el derecho de las mujeres a ser tratadas como seres humanos cuando deciden hacerse un aborto. No creo en el aborto, pero como los hombres lo legalizaron tratemos con respeto y honra a las que se lo realizan.

Me explico. En una sociedad pluralista, como se alega es Puerto Rico, el respeto de todos como seres humanos debe ser similar cuando hay igualdad de circunstancias. No puede ser igual, porque no todos somos iguales, pero sí similar en el sentido del respeto, derechos, responsabilidades  y deberes ante la comunidad que todos vivimos. La sociedad se nutre de personas de múltiples caracteres, creencias, conductas, razas, contextura física, la lista podría ser interminable. Por eso, no usaré la palabra dignidad porque la misma ha sido tan mal usada que ha perdido contexto y vigencia. Se ha utilizado tanto ideológica como políticamente para imponerse unos sobre otros. Por ejemplo, bajo dignidad del ser humano se pretende que los cristianos renunciemos a nuestra libertad de conciencia, religiosa, asociación, educar a nuestros hijos, como manejar nuestros negocios, a quien alquilamos propiedades, a aceptar el aborto (Obama Care), incluso se ha tratado de que renunciemos a expresar nuestra fe en la esfera pública, como decía el presidente Obama que la expresáramos en los templos. La lista no es exhaustiva.  Bajo la  alegada dignidad se oculta un odio violento contra aquellos que no crean en el aborto, la sexualización de menores y el matrimonio del mismo sexo, entre otras cosas.  

Bajo la excusa de la dignidad y la seguridad económica trataron nuestros templos como negocios y se violó la Constitución que nos protege para imponernos doble contribución. Sí, la que pagamos individualmente y la que damos a la iglesia como ofrenda. El en su momento,  Secretario de Hacienda Zaragoza trató de hacerlo, la propone el candidato a la gobernación por el PPD Eduardo Bathia y está en la línea de pensamiento de la otra candidata Carmen Yulin. En cuanto al PNP, eliminó del Código Civil las disposiciones que hubieran protegido con mayor efectividad a las iglesias. Esto fue en el Senado PNP y se añadieron enmiendas, que no siguieron el proceso adecuado, incluyendo enmiendas en el hemiciclo y sin consultar a ciertas agencias de Gobierno. En cuanto a la tributación, es inconstitucional y ellos lo saben, pero ante la excusa de la dignidad, la impulsan. La verdadera meta es ahogar económicamente al único sector de la sociedad que defiende los derechos constitucionales mencionados y que es la pared final para proteger los niños de la perspectiva de género, que no es otra cosa que pedofilia disfrazada como meta final. Por eso, la quieren imponer en el Departamento de Educación. Trataron de hacerlo en las escuelas privadas, iglesias-escuela y trataron de regular o eliminar el “homeschooling”.  En esa agenda están  líderes del PNP como Zoé Laboy, William Villafañe, Miguel Romero y Ricardo Roselló, entre otros. La gobernadora y Pedro Pierluisi tienen la oportunidad de aclarar el récord, esperamos su acción ahora. En cuanto al PPD del único que queda en cuanto a estos temas, Charlie  Delgado Altieri, haga el pedido a su delegación.

Es que no es respeto sino dictadura, el  intento de sometimiento de los cristianos. No intentan proteger el derecho de todos, ni que coexistamos, es obligarnos a convivir bajo unas reglas y leyes impositivas que si no se obedecen traen cárcel y pérdida económica sustancial. Todo bajo la excusa de la dignidad, una palabra que se ha convertido en el zafacón jurídico  y social de la persecución religiosa. Esto con el silencio cómplice del Concilio de Iglesias y el Arzobispo de San Juan, lo que permite una falsa validación religiosa de estos actos.  Para muchos la fe cristiana no es opio ni un escape de la realidad. Para nosotros nuestra fe es la verdadera vida, es nuestra guía y modelo. Por eso creemos en la vida desde la concepción, pues el embrión vieron sus ojos. Creemos en la libertad religiosa por eso abogamos por una ley sólida que despeje las dudas sobre las mismas y nos proteja. Tal como ya dijo el Supremo en ambos temas. El Estado tiene un interés  en cuidar y proteger la vida del no nacido, como dice el Código Civil, que el nasciturus se le considera con derechos desde su concepción, a menos que nazca muerto y que proteger la libertad religiosa es constitucional.

Por ello espero lo siguiente: un mandato del liderato PNP vía partido o caucus, que obliga a toda la delegación PNP, para que se pase por encima  del veto errado, antijurídico, con explicaciones falsas y manipulación mediática de los proyectos P de la C 1018 para proteger la  libertad religiosa y el  P del S 950  para la protección de la mujer y la preservación de la vida. Ambos recientemente validados por el Tribunal Supremo en los casos de Harris Funeral donde se ratificó la vigencia y constitucionalidad del Estado a defender la libertad religiosa y June  Medical Services v. Russo que sostiene los precedentes que determinan que el Estado tiene interés en proteger la vida del no nacido. En Puerto Rico se carece de estas protecciones.  Idéntica solicitud hacemos al candidato Delgado Altieri a su delegación en el Senado.

Basta de palabras efímeras, huecas, promesas vacías, actos simbólicos o leyes aisladas. Protejan al sector más grande de la sociedad que cree en la libertad religiosa y proteger la vida y salud de su población, cuiden a las mujeres que se hacen abortos de los depredadores llamados abortistas. Actúen ahora y ejerzan su liderato en el Senado de Puerto Rico. 

PR por la Familia le sale al paso a expresiones de Eduardo Bathia

Por: Pastor René X. Pereira
Presidente y Portavoz de PR por la Familia

Según informa el medio noticioso Noticel, el precandidato a la gobernación por el PPD, el senador Eduardo Bathia condenó y rechazó el acto en el cual la pastora Wanda Rolón junto a un grupo de ministros cristianos oraron por el alcalde de Isabela y también precandidato por ese partido, el Sr. Carlos Delgado Altieri. Las expresiones del Sr, Bathia fueron “Me parece que aquellos que vayan (a recibir la bendición de Rolón) es como curioso dentro del PPD buscar una persona que ha lamentablemente, ha sido madrina de tantas campañas de odio en contra de las familias LGBTT, en contra de las mujeres de Puerto Rico, en contra de los derechos reproductivos. Y me parece que va muy contrario a lo que ha sido mi filosofía y lo que ha sido la filosofía de la gran mayoría del PPD, que creemos en una agenda progresista para Puerto Rico.” Lo positivo de esto es que ya el votante conservador dentro del PPD sabe cuál es la filosofía del Sr. Eduardo Bathia, a favor del aborto, la agenda gay, el feminismo radical y la ideología de género; anótenlo.

Eduardo Bathia

Sin embargo, hablando de lo sucedido en la actividad donde el Sr. Delgado Altieri recibió la oración de este grupo de pastores, el mismo Sr. Cirilo Tirado, que también ha sido vocal apoyando lo que Bathia apoya, reconoce y citamos: “Es lamentable que el senador Bhatia ponga en entredicho el mensaje inclusión del PPD. Sus expresiones laceran profundamente la diversidad de pensamientos de nuestros electores, y su posición es una divisoria y excluyente. Emplazamos al Senador a que le explique a los miles de populares que se sienten aludidos por sus expresiones de hoy a que defina en qué lacera a nuestro Partido recibir apoyo de algún sector de nuestra sociedad?” Parece que Bathia olvida cuando Acevedo Vilá recibió aquel anillo de parte del Arzobispo de San Juan. Olvida cuando en varias ocasiones García Padilla acudió a reuniones con líderes cristianos y también recibió la oración; igualmente lo hizo David Bernier. ¿Cuál es el problema? Los candidatos de diversos partidos reconocen que el sector creyente es parte de la sociedad y son votantes también. En estas expresiones el Sr. Eduardo Bathia ha dejado ver su visión de desprecio y rechazo hacia un sector de la población que representa decenas de miles de votos. Sus expresiones son una declaración de guerra contra este enorme sector poblacional que sostiene unos principios y valores basados en su fe. En el vídeo se escucha a la pastora Wanda Rolón decir: “Si él es el hombre que tú escogiste, así será.” ¿Es esta una declaración de endoso? Creemos que no. Los cristianos creemos que hay un Dios soberano que dirige los destinos de los pueblos y naciones. La pastora está reconociendo lo que dice la Biblia en Daniel 2:21, “Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.” Si Bathia no reconoce esta realidad es su problema; miles de puertorriqueños sí lo creemos.

El Partido Popular Democrático debe aclarar si en efecto su nueva filosofía implica la exclusión de aquellos votantes cristianos que responden a sus valores y principios de fe. Que hablen claro de cara a estas próximas primarias y elecciones generales.

Pinceladas históricas del Homescooling

Por: Lic. Juan M. Gaud

Cuando comencé esta página expresé que sería como un libre pensador. No sujeto a instituciones, concilios, iglesias, partidos, etc. Que actuaría conforme a mi conciencia, libertad religiosa y de expresión. Hoy continúo esa línea. Describiré en amplios retazos la historia de una lucha donde no participé solo, iglesias independientes, Sendero de la Cruz, donde fui pastoreado, La Senda Antigua, Catacumbas, Morality In Media, Alerta Cristiano, Mujeres por Puerto Rico, Nueva Vida, Clamor a Dios, Radio Redentor y otras emisoras cristianas y  en su momento, la Coalición Ciudadana en Defensa de La familia y la Alianza de Juristas Cristianos, entre otros me acompañaron en este proceso. Pero no tuve en ningún momento el respaldo de los concilios tradicionales, de la Iglesia Católica como institución, del Concilio Evangélico (hoy Concilio de Iglesias), los Metodistas, Luteranos, Evangélicos Unidos, Discípulos de Cristo, es decir ninguna iglesia histórica a excepción de los Bautistas del Sur.

Durante ese proceso convulso, lleno de luchas políticas cargadas de agendas contra la libertad religiosa, muchos se escondieron en sus iglesias esperando que la tormenta pasara. Así,  no importaba el resultado podían proclamar victoria. Nunca se expresaron en los asuntos de educación relacionados con los menores, la libertad religiosa, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Evidentemente, asuntos envueltos en mandatos bíblicos específicos, donde al padre cristiano se le ordena educar a sus hijos en los caminos de Jesús, que se nos ordena que dejemos que los niños vengan a Él y no se lo impidamos, que para entrar al Reino de los cielos hay que ser como un niño. Incluso tienen en sus filas pastorales y de liderato, nombrados por ellos mismos, personas que no creen en esto y respaldaron y respaldan la pedofilia disfrazada detrás de la ideología de perspectiva de género.

Haré un breve relato mientras la certeza histórica me lo permita del “homeschooling” partiendo de la Ley 33 del 2017. Fue firmada por el entonces gobernador Ricardo Roselló. La firma de esta ley, cambió por completo la interpretación jurídica y legislativa en Puerto Rico, sobre la libertad religiosa, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad de asociación. Inmediatamente, los asesores anti-cristianos del Gobernador Roselló lograron cambiar su mente y abandonó su compromiso firmado de proteger la libertad religiosa. El resto es historia.

El proceso histórico  y el trasfondo de dicha ley, consta en su exposición de motivos. Uno sumamente extenso, pero redactado y presentado por el legislador para la historia. La misma permite claramente su interpretación y propósito. Agradezco a la senadora Nayda Venegas y al senador Angel “ Chayanne” Martínez, ambos electos con el voto cristiano y miembros del PNP por presentar el proyecto de ley. Pagaron un alto precio político y personal al hacerlo, sufrieron muchas heridas personales en el proceso, pero cumplieron su palabra al radicarlo.

En dicho proyecto participó el licenciado Carlos Pérez Sierra, el abogado y sacerdote Carlos Pérez Toro y el que suscribe.  El licenciado Pérez Sierra lo nomino el anciano de días en la defensa de esta modalidad educativa. Fue a través de él que en debates jurídicos y legislativos me adentré en este tipo de educación. Todo surgió cuando era Asesor Legal en el Consejo General de Educación que se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes para regular la práctica de la misma. Allí nos conocimos y sostuvimos férreos debates en los pasillos del Capitolio. Hombre de baja estatura, voz baja y expresión pausada, pero con un corazón de gigante, nunca temió debatir conmigo, que soy rápido de pensamiento, expresión y bastante entrenado en la oratoria y el debate, bueno eso me dicen. Allí nació una amistad que dura hasta el día de hoy.

De allí, el Consejo se comprometió, bajo la Dirección de su Presidenta – en aquel entonces Dra. Amalia Llabrés de Charneco – de evaluar esta modalidad educativa. Allí, por primera vez se reconoce oficialmente en Puerto Rico en un documento, la legalidad y constitucionalidad de los padres de educar a sus hijos en sus hogares. Un gran éxito del licenciado Pérez Sierra, nos llevó por territorio educativo desconocido a tierra de abundancia. En el quehacer legislativo se descubrió que entre los promoventes del proyecto existían intereses económicos. Tenían los módulos, los currículos y todo lo que proponía el proyecto disponible, y sólo ellos los tenían. Es decir, si se aprobaba el proyecto se harían ricos.  Eso mismo provocó la muerte del proyecto cuando se hizo público.

Pero los cambios políticos opacaron esta victoria ante un nuevo Consejo que trató de enterrar ese dato histórico. El cambio de gobierno arreció la lucha. Todos los cuatrienios se ha tratado de suprimir esta modalidad educativa, alegando que los padres no tienen la capacidad, o que se usa para promover el maltrato en los hogares. Durante mucho tiempo el Departamento de la Familia siempre investiga el “homeschooling” para evitar la práctica. Por ello, en las leyes de asistencia compulsoria a la escuela y de deserción escolar está escondido el germen de eliminarlo. No lo lograron y la práctica de educación en el hogar continuó creciendo.

Es con el Partido Popular Democrático que se desarrollaron las batalla más fuertes por su respaldo abierto a la ideología de perspectiva de género. Desarrollaron un plan abarcador que incluye el Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Universidades, los antes Consejos relacionados a la Educación. Uno de sus principales arquitectos fueron la entonces Senadora Margarita Ostolaza y el secretario de Educación Rafael Aragunde. Como reacción, los padres estaban protegiendo sus hijos al adoptar el “homeschooling”, (su nombre varía) y matriculándolos en Instituciones educativas privadas. Por eso el ataque para desaparecerlo. No prosperaron en su intento.

El mismo revive con fuerza bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá quien invierte toda la fuerza del Estado para implementar dicha ideología y le sigue los pasos Alejandro García Padilla, con el respaldo de El Nuevo Día y la creación del llamado Plan Decenal, acción ciudadana, Patria, miembros del Concilio de Iglesias, activistas como Pedro Julio Serrano, la alcaldesa Carmen Yulin, Eduardo Bathia, Rosanna López, Aníbal José Torres, Mari Tere Gonzáles, Vargas Bidot, el Partido Independentista en su totalidad, entre otros. Ideología educativa a la que están unidos la que fuera senadora por el PNP Zoé Laboy y los hoy senadores Miguel Romero y William Villafañe. Este virus ya está en el PNP pero con la discusión de la Ley 33 y la nueva ley del Departamento de Educación, entre otras, logramos que se entendiera que el Estado no puede imponer dicha ideología aunque aun así, lo están intentando.

En medio de esta batalla virulenta y campal donde muchos estaban usando el poder del Estado, varios eventos naturales evitan que dicha ideología tome fuerza en las escuelas públicas. El huracán María, el terremoto y la pandemia. Estos eventos de la naturaleza detuvieron la propagación de este virus en el Departamento de Educación y el ataque a las instituciones educativas privadas cristianas. A estas se les trato de obligar a añadir a sus currículos la perspectiva de género o les condicionaban las ayudas. Algunos cedieron, otros ni siquiera tienen una idea de que se trata todo esto. Pero hubo quienes lucharon y se mantuvieron firmes en su libertad religiosa y de conciencia.

En medio de la lucha política y con anterioridad  a  los eventos naturales, en el proceso legislativo se aprueba por primera vez en Puerto Rico y en la jurisdicción de los Estados Unidos de América  una ley que claramente acepta la legalidad educativa del “homeschooling”:

Artículo 2.- Política Pública

Se declara política pública que el Gobierno reconoce que las iglesias-escuela son una opción educativa de excelencia y estabilidad, convenientes para la promoción de una sociedad democrática, pluralista y diversa. La selección de la opción educativa, sea licenciada pública o privada o no licenciada como el “homeschooling” y las Iglesias-escuela, constituye un derecho fundamental de los padres dentro de sus prerrogativas de libertades de asociación y religiosa. En cuanto a estos, el Estado no podrá discriminar en la erogación de fondos públicos u otras áreas de servicios que vayan dirigidas a los estudiantes. 

Gracias a la lucha librada por la iglesias escuela, lideradas por la Academia Bautista de Levittown, los hermanos Cortés, quienes como familia merecen un libro aparte y completo de cómo gracias a sus luchas hoy tenemos libertad religiosa en el área de la educación, los licenciados Pérez Sierra y Pérez Toro que hoy tenemos “ homeschooling” como  modalidad y opción educativa constitucional.

Hoy usan la educación remota, los padres con sus hijos en las casas estudiando, se apela al uso del “homeschooling” por el estado, mientras el Departamento de Educación otorgó grados sin clases. Por ende, es menester que hoy se reconozca cómo el deseo de algunos de imponer sus ideologías, sus opiniones sin fundamento, el silencio cómplice de muchos concilios e iglesias, no fueron lo suficientemente fuertes para derrotar el mandato bíblico de educar a nuestros niños.

Gracias al licenciado Pérez Sierra, el anciano en esta lucha, que sabiamente estableció en el debate legislativo que el reconocimiento de los derechos allí esbozados abarcaban el “homesholing” .  Hoy, los que muchos llamaron ridículo, ilegal, maltratante, que violaba la ley han quedado en vergüenza. Cuando los padres son responsables y las iglesias son responsables, son los mejores lugares para educar los niños.

Gracias a ustedes gigantes que me acompañaron en este proceso. Ustedes, que cuando mis manos se cansaron y mi espíritu se abatió, estuvieron allí no sólo para levantarme las manos y sostenerme sino hacerse cargo del debate. Gracias a Puerto Rico por la Familia, que nunca abdicó ni abandonó la lucha, a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar. A ellos que cuando estuve enfermo de cama, mes tras mes estuvieron acompañándome y dándome el espacio para recuperarme.

Pero sobre todo gracias a Dios, que se glorificó. La naturaleza gimió con dolores de parto, y esos dolores detuvieron el adoctrinamiento  pedófilo, planificado en el Departamento de Educación.

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Posición de PR por la Familia con respecto a respaldo a partidos políticos

Pastor René X. Pereira Morales
Presidente y Portavoz de PR por la Familia

Por este medio, como Presidente y Portavoz de la organización cívica Puerto Rico por la Familia, y a nombre de todos los que integran la misma, deseo expresar lo siguiente:

  1. Puerto Rico como familia apoyará a cualquier candidato que haga un compromiso firme en defender los derechos del niño por nacer, respalde la libertad religiosa, que rechace la ideología de género, la legalización/ despenalización de las drogas, apoye el derecho de los padres a criar a sus hijos según sus principios y valores, que rechace la práctica de la eutanasia y defienda la familia tradicional.
  2. Sin embargo, Puerto Rico por la Familia, como institución civil, no respaldará ni apoyará ningún partido político, aunque sea de línea conservadora y defienda en su plataforma los principios antes mencionados.
  3. También reconocemos que nuestros integrantes, como individuos y en su carácter personal, tienen el perfecto derecho y la libertad de dar su respaldo, no solo a candidatos, sino a estructuras políticas. No obstante, si van a respaldar un partido político, no podrán hacerlo a nombre ni en representación de Puerto Rico por la Familia.
  4. Estamos comprometidos con nuestra lucha y la daremos en todos los frentes. Creemos que hay importantes aliados de nuestras causas que militan en sus respectivos partidos políticos. Hay otros que lo hacen en candidaturas independientes. Ambas vías de lucha son perfectamente legítimas.

¿Qué somos para el estado?

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En un artículo que publiqué el 17 de marzo titulado: “Tengo confusión de Espíritu”, concluí diciendo “Sí, tengo confusión de espíritu. Los cristianos han perdido su identidad.”… La realidad es que sí tengo confusión de espíritu. Me explico con la siguiente pregunta: ¿qué representa la no inclusión de la iglesia y la figura pastoral en la orden ejecutiva?  Primero nos quisieron redefinir diciendo que éramos comunidades de base de fe  y  nos quieren definir como corporaciones.  Ahora no existimos jurídicamente o nos redefinen como : … “o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar”  Y a los  pastores como: “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Posteriormente en la siguiente Orden Ejecutiva incluyeron los pastores y los servicios grabados y  redes electrónicas. No fui el único que levantó la voz de alerta.

Como expliqué en dicho artículo avalé como medida de prudencia  el que entendiéramos que “..o cualquier lugar análogo o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.”  Y que los pastores quedan excluidos del toque de queda en la frase:    “… o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencia o de salud.” Pero levanté mi voz de alerta con el artículo. Estábamos protegiendo la salud de nuestros hermanos en la fe.

El día de la Orden, inmediatamente  me comunique con la Oficina de Base de Fe en la Fortaleza. Para mi sorpresa dicha Oficina avaló que la iglesia estuviera bajo esa disposición. Por ello, desde ese momento con sabiduría me dediqué a llevar el mensaje de que esa orden era inconstitucional. Hoy creo han entendido, por eso felicito las iglesias que están abriendo siguiendo las medidas de salud necesarias. Es voluntario asistir.

Entonces tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo nos ve el estado? Si la misma Oficina de Base de Fe de La Fortaleza validó la definición de la Orden Ejecutiva, que simplemente somos un evento que propicia la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, ¿qué somos para ellos? También existen las acciones del Estado prosiguiendo un caso fabricado contra un Pastor, realizando un despliegue de fuerza excesiva. El caso no pasó de primera base. Es otro aspecto a evaluar.

En dicha orden se permitieron los bancos de alimentos y se estaba entregando a las iglesias alimentos de los comedores escolares, para que llegaran al pueblo. Me viene a la mente la frase de Jesús: “me buscan porque multiplique los panes y peces entre cinco mil y en otra ocasión entre cuatro mil”. Él se levantó y se fue a la otra orilla. ¿Nos busca el estado simplemente para que repartamos comida, servicios sociales y que seamos cantores de amor en sus desayunos de oración? En esas instancias Jesús también se levantó y se fue.

Veamos lo que en un caso de Kentucky dijo el gobierno:

“On March 19, 2020, as part of broader efforts to “flatten the curve,” acting Secretary of the Cabinet for Health and Family Services Eric Friedlander issued an order prohibiting “mass gatherings.” Per Secretary Friedlander’s Order, mass gatherings include “any event or convening that brings together groups of individuals, including, but not limited to, community, civic, public, leisure, faith-based, or sporting events;

Later, on March 25, 2020, Governor Beshear issued an executive order mandating all businesses which are not “life-sustaining” close. [R. 3-5.]. Religious organizations were excluded from the category of “life-sustaining,” except to the extent they provide “food, shelter and social services.”

¿Les suena parecido? Para dicho Gobernador la iglesia sólo podía funcionar para proveer alimento, alojo y servicios sociales. Obviamente no para predicar el evangelio. La posición de la iglesia que presentó la solicitud de orden para abrir le fue concedida:

“Plaintiff Tabernacle Baptist Church describes itself as “an independent, fundamental, Baptist church, independent of the world but dependent on the Word of God.” Id. at ¶ 13. Since issuance of the above orders, Tabernacle has ceased holding in-person religious services. [R. 3-1 at 5.] Instead, Tabernacle has resorted to broadcasting services online via Facebook or holding drive-in services wherein congregants may listen to the service over their FM radio. Id. For Plaintiff, these substitutes offer cold comfort. “Tabernacle has a sincerely-held religious belief that online services and drive-in services do not meet the Lord’s requirement that the church meet together in person for corporate worship.” Id. For this reason, Tabernacle argues the foregoing Orders violate its First Amendment rights to free exercise of religion and freedom of assembly the orders are not narrowly tailored to serve the public health interest.”

Para ellos el mandato del Señor de congregarse es obligatorio y no puede ser sustituido por servicios por las redes electrónicas. Esta gente no tiene confusión de espíritu. Ellos tienen mas medidas de salubridad implantadas que las que establece el CDC. Así se protegen a los que se congregan. Tampoco vamos a ser parte de la propagación del contagio.

Conozco iglesias que ya habían tomado esas medidas, pero se les ordenó cerrar por sus oficinas centrales y abandonaron a los que entendíamos que podíamos abrir con los protocolos de salud correspondientes.

Gracias Señor pues ante tanta falta de identidad, te llevaste a tu pueblo a sus casas para que te escuchen a ti.

Las iglesias no dependen del estado para determinar su fecha de apertura

Por: Lic. Juan M. Gaud Pacheco
Abogado Civil

En esta pandemia, las iglesias no dependen del Estado para determinar cuando abren. Eso es una falacia jurídica y una postura política acomodaticia de aquellos que así lo postulan. Algunos concilios por motivo de la pandemia, cerraron sus templos, antes de la determinación de cierre del gobierno mediante Orden Ejecutiva. Pretender ahora que dependen de la determinación del Estado para reabrir los templos es una movida político-religiosa. Me explico. Si los concilios deciden abrir y hay contagio, entonces se les imputará la culpa  a los líderes. Pero si abren con indicaciones del Gobierno y hay contagio entonces ellos dirán que la culpa es del Gobierno pues ellos siguieron sus instrucciones. ¿Me pregunto entonces quien tiene la responsabilidad del rebaño, el gobierno o el credo?

Con tomar las medidas de salubridad de distanciamiento social, mascarillas, guantes, espacios, cantidad de personas y duración del culto es suficiente. Exigir mas es violentar la separación de iglesia y estado.

Deseo ser breve pero claro. No es necesario establecer que la Iglesia es un servicio esencial o económico para determinar, su apertura en esta pandemia. Ambas suposiciones son un desvarío embriagantemente nocivo de la constitución y una manera burda de eludir su cumplimiento. Las iglesias existen por su propia naturaleza y está reconocida su existencia en la Constitución a tal punto que prohíbe al Estado que intervengan con ellas, y le ordena mantenerse separado de las mismas.  

La Iglesia, en nuestro estado de derecho constitucional coexiste con el Estado. Es decir  su existencia esta reconocida en la constitución al igual que la del estado. A pesar de que en sus funciones existe una hermosa fricción jurídica, sus contornos ya han sido establecidos. El Estado no puede intervenir con el gobierno interno de iglesia, su doctrina, credo, fe. Tampoco puede negarle un servicio o beneficio para el que cualifican otros por el mero hecho de su naturaleza religiosa.

Existen unos límites del Estado en materia constitucional cuando  se trata de una emergencia de salud, esbozados en el caso de Jacobson cuya pertinencia ha sido sostenida por el Tribunal  Supremo de los Estados Unidos en varias ocasiones.

El Art ll sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece lo siguiente:

“No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.”

En Agostini Pascual v Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979), se resuelve que decisiones administrativas internas de una iglesia como cerrar una iglesia-escuela no podían revisarse judicialmente. En Surinach v Pesquera de Busquet, supra, se determinó que la intención de una agencia de gobierno de inspeccionar y evaluar los gastos de una escuela católica era una intromisión indebida a una iglesia. 

“It is well established that state action, although neutral on its face, can in practice occasion a substantial infringement on First Amendment freedoms. See Wisconsin v. Yoder, supra, 406 U.S. at 220-21, 92 s.ct. 1526; Walz v. Tax Commission, supra, 397 U.S. at 675-76, 90 s.ct. 1409; Sherbert v. Verner, supra, 374 U.S. at 409, 83S.Ct. 1790.”

El marco jurídico que gobierna la autoridad  de los estados sobre las medidas de emergencia a aplicar en una crisis de salud, lo establece el caso de Jacobson v. Commonwealth of Massachusets, 197 US 11 (1905). En este caso se consideraron planteamientos sobre la compulsariedad de las leyes de vacunación relacionado a “smallpox epidemics” in Cambridge, Massachusets.  Se alegó que se violentaba la decimocuarta enmienda sobre el derecho de la persona sobre su cuerpo y su salud.

Allí se establece que la libertad establecida por la Constitución no implica un derecho absoluto de la personas en todo tiempo y en toda circunstancia. Dichas libertades pueden ser restringidas. Una comunidad tiene el derecho de protegerse a sí misma ante una epidemia que amenaza la seguridad de sus miembros. 

“ [I]n every well-ordered society charged with the duty of conserving the safety of its members the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under the pressure of great dangers, be subjected to such restraints, to be enforced by reasonable regulations, as the safety of the general public may demand.”

Veáse en adición los casos de Lawton v. Steele, 152 US 133, (1894); Compaigne Francaise de Navigation a Vapeur V. La State Bd. Of Health, 186 US 380 (1902); Prince v. Massachusets, 321 US 158 (1944); United States v. Caltez 344 US 149 (1952), donde se reconoce dicho principio. 

No ponemos en duda que el Estado tiene la autoridad de mediante Orden Ejecutiva tomar medidas para proteger la salud de la comunidad, ante la pandemia existente. Pero el Estado no tiene autoridad si no ha cumplido con estos parámetros de cuándo debe cerrar o abrir una iglesia.  

Claramente Jacobson (id.) establece que los derechos constitucionales  no desaparecen durante una crisis de salud. Si el estatuto va dirigido a proteger la salud pública, la moral pública, la seguridad pública, si tiene o no real o sustancialmente relación al objeto propuesto, o más allá de todo cuestionamiento sea una palpable invasión de los derechos protegidos por nuestra ley fundamental. De no cumplir esos criterios,  no resiste el análisis constitucional.

La medida que se aplique no puede ser ejercida de manera arbitraria ni irrazonable. No puede ser una regulación opresiva. Se tiene claramente que establecer que protege el público en general; que la medida es razonablemente necesaria para el cumplimiento de su propósito  y no una carga onerosa sobre los individuos. Debe tener una relación sustancial directa a la crisis de salud y no ser una palpable invasión de los derechos constitucionalmente asegurados. En resumen la acción del Estado tiene que tener una relación sustancial directa, el gobierno no puede excederse, tiene que ser la medida menos onerosa para atender la emergencia, y si va más allá del asunto planteado existe un conflicto palpable con la constitución.

 Este caso habla de una ley, aquí es meramente una orden ejecutiva. Es decir tiene menos estatura constitucional.

Ante este marco jurídico entendemos que en su día puede prevalecer en un tribunal que las iglesias son las que determinan cuando abrir, no el Estado. Cada pastor en conjunto con su feligresía respondiendo a su libertad de culto y religiosa, tomando las medidas de salubridad necesarias, puede abrir cuando lo estime pertinente.

¿Se puede abrir una iglesia sin permiso gubernamental?

P. Carlos Pérez Toro
Sacerdote y abogado civil

He afirmado de modo claro que la apertura de las iglesias no está supeditada, simplemente, a un plan trazado por el gobierno. La actividad de culto, en el contexto de la disciplina eclesial, es uno de los quehaceres sociales vedados, de modo ordinario, a la intervención gubernamental. Es decir, el gobierno no puede decirme cuándo ni cómo realizo una actividad de culto. Esa es la cláusula de separación de la iglesia y el estado que reconoce que esas dos realidades sociales (gobierno e iglesia) tienen autoridad primaria en la resolución de sus asuntos propios, internos y administrativos. Todo eso está basado en el reconocimiento de que la iglesia tiene unos derechos fundamentales que son “intrinsic in the concept of ordered liberty” (Una frase inventada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos).

Sin duda, hay momentos en que el estado, en la protección del bien común, puede coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva de las iglesias. Ante ese escenario legítimo de convivencia social, la constitución y los estatutos federales, activan un mecanismo de protección legal para evitar la arbitrariedad y el atropello de los derechos fundamentales por parte de quien ostenta de manera transitoria el poder.
Ese mecanismo constitucional obliga al estado a actuar de tal manera que sus intervenciones contra la libertad religiosa colectiva sean hechas dentro de unos parámetros legales. ¿Cuáles son esos parámetros legales? Que el estado, en sus intervenciones, evite la arbitrariedad y que si tiene que restringir algún derecho fundamental lo haga solo en aquello que sea estrictamente necesario. Puesto de otra manera: toda acción gubernamental que limite significativamente un derecho fundamental el estado tiene que probar que su intervención responde a “un interés apremiante” y que “ha usado el medio menos oneroso”.

Ese discernimiento legal antes esbozado debe ser usado no solo en los tribunales de justicia, en medio de un conflicto legal, sino también en cualquier acción gubernamental que suponga intervenir de alguna manera con la autonomía constitucional de las instituciones eclesiales. Por eso tenemos necesidad de incorporar esos principios en nuestro quehacer gubernamental y en nuestra cultura popular para evitar conflictos que no benefician a nadie en sociedad, máxime cuando en este momento todos debemos tirar en la misma dirección para superar en conjunto esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Recordemos que las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Sin embargo, es importante subrayar, que esos parámetros especiales para las iglesias antes descritos, no están disponibles para otras actividades sociales a los cuales la constitución solo reconoce derechos no fundamentales cuya protección está reducida a que la intervención estatal sea hecha para un fin legítimo utilizando un medio razonable. Entre esas actividades sociales, que no tienen protección especial, están las actividades del sector económico. En efecto el estado a través de licenciamientos, leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos administrativos coarta esas actividades de una manera bien amplia que van desde horarios, lugares, hasta las maneras y modos de realizar esa actividad económica. Esa libertad de intervención que tiene el estado con el sector económico no la tiene el gobierno con las iglesias.

Por eso me ha resultado preocupante el modo como nuestras autoridades públicas están realizando esta reapertura de nuestro país. Veamos mi preocupación.

Primero el gobierno realizó un diálogo con el sector económico determinando las etapas en que ese grupo social iba a reincorporarse al quehacer productivo laboral. La consigna era clara, no todos a la vez (ya que hay sectores que son servicios esenciales o significativamente importantes) y toda apertura debía seguir unos parámetros estrictos de salubridad que evite el contagio. Esa apertura escalonada estaría bajo un “monitoreo” del gobierno para intervenir en caso que los números de contagio y muerte se disparasen alarmantemente.

Segundo, a diferencia de lo que hizo con el grupo económico, con el sector religioso el gobierno ha mantenido una actitud de distanciamiento y lentitud para propósitos de reapertura. Esa actitud gubernamental ha llevado a “invisibilizar” a las iglesias como se puede concluir de las expresiones de algún miembro del task force económico que ha homologado a las iglesias a un teatro o a un “beauty parlor”. Incluso, podríamos afirmar, que la apertura de las concreteras (cementeras) implica, implícitamente, que el abrir otra vez las iglesias para el culto presencial es menos urgente y necesario para propósitos de bienestar social.

Lo curioso es que la iglesia es el único sector social que en sus diálogos con el gobierno podría reclamar unos derechos constitucionales fundamentales como ha sido recordado en un caso federal reciente First Pentecostal Church of Holly Springs v. City of Holly Springs Mississippi en la que una corte de distrito de Mississippi afirmó:

The First Amendment guarantee of the Free Exercise of religion is one of the most important ones set forth in the Bill of Rights, and, without question, it grants the Church, in this case, the right to assert certain rights which, say, a barbershop would have no right to assert.

La conclusión es clara si abres la actividad económica pierde validez tu argumento a favor de la clausura de la actividades religiosas de culto presencial.

También es importante subrayar que el gobierno en su diálogo con el sector económico exigió que su apertura estaba supeditada a que se implementaran medidas estrictas de seguridad médica. Entre esas medidas estaban: apertura escalonada; evitar la conglomeración de multitudes en un lugar; distanciamiento social; uso de máscaras y guantes, uso de productos de desinfección etc.

Lo anterior me lleva a preguntar: ¿Si las iglesias implementan el mismo protocolo del sector económico tendrían derecho a abrir? ¿Podría el gobierno ordenarles a las iglesias seguir cerradas cuando ha permitido a otros sectores a abrir? Los casos que se han dado en los Estados Unidos, en las que las iglesias han reclamado su derecho a abrir en igualdad de condiciones que el sector económico, nos enseñan que prohibírseles a las iglesias a abrir seria discriminatorio e inconstitucional. El principio legal es el siguiente: Si el Gobierno permite abrir al sector económico abrir con unos protocolos de salubridad deja de tener autoridad legal para prohibir el culto presencial. En ese caso el Gobierno solo podría exigir, en razón del bien común, la implementación de las medias de salubridad que ha exigido a otros.

De lo anterior podemos afirmar que el estado no puede justificar que una iglesia esté cerrada basada en argumentos de salud o peligro de contagio porque permitiendo la apertura del sector económico está demostrando, que en medio de esta pandemia, existe un medio menos oneroso que el cierre total de una iglesia. Todo eso se pudo haber hablado, en un diálogo entre iguales, entre las autoridades públicas y las autoridades religiosas.
Por eso el gobierno federal publicó unas guías sobre la libertad religiosa en el contexto del Covid 19 afirmando, entre otras cosas que:

[..] Even in times of emergency, when reasonable and temporary restrictions are placed on rights, the First Amendment and federal statutory law prohibit discrimination against religious institutions and religious believers. Thus, government may not impose special restrictions on religious activity that do not also apply to similar nonreligious activity. For example, if a government allows movie theaters, restaurants, concert halls, and other comparable places of assembly to remain open and unrestricted, it may not order houses of worship to close, limit their congregation size, or otherwise impede religious gatherings. Religious institutions must not be singled out for special burdens.

Llegando a afirmar de manera categórica:
As we explain in the Statement of Interest, where a state has not acted evenhandedly, it must have a compelling reason to impose restrictions on places of worship and must ensure that those restrictions are narrowly tailored to advance its compelling interest. While we believe that during this period there is a sufficient basis for the social distancing rules that have been put in place, the scope and justification of restrictions beyond that will have to be assessed based on the circumstances as they evolve.
Estoy convencido de la nobleza de las iglesias en su lucha por estar abiertas y cercana a la gente. Si algo quieren las iglesias es tirar en la misma dirección que el gobierno para vencer esta pandemia. Lo hemos hecho hasta ahora, demostrando, a veces de modo heroico, nuestro deseo de acompañar a nuestro pueblo poniendo “nuestra confianza en Dios Todopoderoso”.

Que no quede la menor duda que nos encontramos claramente ante una situación social dramática y peligrosa. Sin duda esta emergencia hace que el estado tenga un interés apremiante que justifica coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva. ¿Pero es el cierre total de la actividad de culto presencial el medio menos oneroso? ¿Es jurídicamente correcto que el estado entienda que tiene que dar permiso para realizar una actividad de culto presencial determinado además fechas y MODOS para poder realizarlo? La respuesta categórica es no. Eso sería volver al cesaropapismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia y al estado a lo largo de la historia. Lo que estoy reclamando es a la autonomía de las instituciones eclesiales para decidir con responsabilidad, en dialogo con el gobierno, cuando y como se puede abrir.

Pienso que en las circunstancias actuales en donde sectores económicos han reiniciado su actividad el estado no puede imponer fechas unilaterales o prohibir actividades de culto presencial. Eso no le compete al estado jurídicamente hablando. Eso no quita que el estado puede exigir (repito exigir) que las actividades de culto presencial sean realizadas utilizando los mismos parámetros de salubridad que se ha exigido al sector económico. Ni más ni menos. Pero eso no es lo mismo que pensar que el estado da permiso, o concede posibilidad. Es una relación entre iguales, constitucionalmente hablando, que exige un diálogo, que estoy seguro que ambos, tanto el estado como la iglesia, quieren tener.

Por eso felicito grandemente la iniciativa de la gobernadora que ha convocado los sectores religiosos del país a dialogar para la apertura de la actividad religiosa. Ojala que se hubiera dado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pero todo dialogo debe estar basado en presupuestos legales claros y en este caso es que el gobierno debe entender que no puede determinar fechas de aperturas o cierres de manera unilateral. Repito, las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Exhorto a mis hermanos sacerdotes y pastores, sin tener ninguna autoridad sobre nadie, a comenzar la preparación para su reapertura eclesial, tomando conciencia de la importancia de implementar las mismas medidas prudenciales que el sector económico ha implementado en su reapertura, ese es el modo responsable de hacerlo legalmente hablando.

Los diálogos de nuestras autoridades religiosas con el gobierno es el mejor modo de hacer la reapertura. Pero teniendo claramente en cuenta nuestro derecho a la actividad de culto presencial sin interferencia indebida del estado. Nuestros hermanos en los Estados Unidos han ido a los tribunales (con el respaldo de la fiscalía federal) cuando el estado no logra entender la peculiaridad de nuestra identidad en el mundo que exige que se respete nuestra libertad de realizar a lo que Dios nos envió ser siervos de los siervos de Dios.

Este escrito no pretende atacar el gobierno. Aprecio a nuestras autoridades públicas en todas las ramas constitucionales y como sacerdote les tengo cariño y deseo de servirles. El que pretenda usar este escrito para atacar algún político o figura pública sepa que no ha entendido mi intención y tiene mi absoluto rechazo. Este escrito es para dialogar con quien ostenta el poder. Diálogo que en este momento, en el caso mío, lo encauso a través la oración para que las conversaciones entre el gobierno y las autoridades religiosas den fruto.

Ojala que todos aprendamos como debe ser entendida las clausulas religiosas de nuestras constituciones para evitar conflictos estériles y atropellos de derechos humanos fundamentales.

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Irresponsabilidad suprema del periódico Primera Hora

Por: Milton Picón Díaz
Presidente de Morality in Media de PR

Siempre lo hicimos saber desde un principio, el Proyecto del Senado 1000 no trataba de prohibir las terapias reparativas o de conversión, no trataba de terapias de electro choques ni cosas parecidas, trataba desde un principio sobre la intimidación y la coerción de pastores e iglesias. No pudieron producir testimonios locales. Lo más cercano a una terapia de conversión que pudieron producir databa de los años 70´s y fue practicada en España. Todo lo que se escuchaba de los labios de la flamante Senadora Zoe Laboy eran alegados testimonios de experiencias pasadas por homosexuales en iglesias. No eran testimonios de terapias ejercidas por profesionales de la conducta humana en oficinas privadas. Todo era iglesia, iglesia e iglesia. Por eso el proyecto original radicado por los tres partidos prohibía en blanco y negro, “la oración y el consejo religioso”. En el camino le borraron la oración anterior porque era obvio de que se trataba de persecución religiosa.

Luego del proyecto 1000 ser derrotado en la Cámara de Representantes, sale otra “víctima” de las terapias de conversión a dar su testimonio. ¿De que habla? De lo mismo, de las iglesias. En este ocasión el periódico irresponsable de Primera Hora, le permite a esta persona echarle sombra a las denominaciones pentecostales del país. ¿Qué le cuesta a una reportera preguntarle a una persona que hace una denuncia, que diga el nombre de la Iglesia o de los lideres religiosos que alegadamente practicaron dicha “terapia de conversión”? Lo único que le puede costar es la corroboración del hecho que se denuncia, porque cada historia tiene dos partes. El gran problema en todo este asunto de las terapias reparativas es que ha sido una campaña unilateral en donde se hacen denuncias, no se documentan detalles importantes, no existen estadísticas y hay militantes ayudados por la prensa local que son los que le están cargando las maletas a los políticos que tienen unas agendas anti cristianas claras.

Fuente: https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/hablaunavictimadelasterapiasdeconversion-1332648/

Puerto Rico se nos muere

Dr. César Vázquez Muñiz
Portavoz PR por la Familia

¿Qué podríamos hacer? Podríamos declarar un estado de emergencia, no solo del gobierno, sino de toda la sociedad. El gobierno puede declarar que la seguridad, la educación y la salud son los servicios esenciales y redirigir sus recursos hacia estas áreas. Aquello que no sea esencial debe ser evaluado, y si fuese necesario eliminado.

Nos arropa la violencia. Provoca miedo, rabia, deseo de venganza, incertidumbre y lo peor… Impotencia. Quisiéramos huir. Algunos compran armas. Nos rodeamos de alarmas y de cámaras de seguridad. Otros miran para el otro lado, rogando que no les toque. El colmo del cinismo es decir que mientras se maten entre ellos no importa. Lo único que importa es que no maten a un inocente. Mientras tanto el gobierno repite que los asesinatos “son 20 menos que para la misma fecha el año pasado”.

A corto plazo hay que aumentar el número de policías, pagarles mejor, mejorar sus condiciones de trabajo, y darle mejores equipos para que puedan realizar su labor. Hay que hacer lo propio con Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia y Tribunales. Esto implica una reingienería radical del gobierno. También implica que tendrían que desaparecer algunas agencias. Son decisiones difíciles. Gente se quedaría sin trabajo.

Hay que trabajar con los confinados en el área de adicción, salud mental, educación y destrezas de trabajo. Tienen que salir de la cárcel cuerdos, libres de adicciones y con la capacidad de ganarse la vida. Esto implica también cambiar leyes y educar a la ciudadanía.

Tendríamos que trabajar con el problema de la deserción escolar. Tendríamos que estudiar el fenómeno, hasta ahora inexplicable, de porqué tenemos tantos niños con problemas de aprendizaje.

Habría que trabajar para fortalecer la familia y que esta cumpla su labor de educadora primaria y de influencia más importante para la vida del individuo.

¿Y la iglesia? Buscando la intervención decisiva y transformadora del Espíritu de Dios para nuestro pueblo. Reconociendo el pecado de la indiferencia y de la irrelevancia. Tendríamos que arrepentirnos del pecado de la división y de la búsqueda de protagonismo. Tendríamos que reconocer que algunas iglesias, más que ministerios, son negocios. Que más que servir buscan servirse. Tendríamos que dejar de entretener para empezar a ministrar. En última instancia el único que liberta del pecado y transforma el corazón es el Espíritu de Dios. Tendríamos que empezar a llorar y a orar por nuestro pueblo como quien llora y ora por un hijo que se muere.

¡Menos no es suficiente!