¿Se puede abrir una iglesia sin permiso gubernamental?

P. Carlos Pérez Toro
Sacerdote y abogado civil

He afirmado de modo claro que la apertura de las iglesias no está supeditada, simplemente, a un plan trazado por el gobierno. La actividad de culto, en el contexto de la disciplina eclesial, es uno de los quehaceres sociales vedados, de modo ordinario, a la intervención gubernamental. Es decir, el gobierno no puede decirme cuándo ni cómo realizo una actividad de culto. Esa es la cláusula de separación de la iglesia y el estado que reconoce que esas dos realidades sociales (gobierno e iglesia) tienen autoridad primaria en la resolución de sus asuntos propios, internos y administrativos. Todo eso está basado en el reconocimiento de que la iglesia tiene unos derechos fundamentales que son “intrinsic in the concept of ordered liberty” (Una frase inventada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos).

Sin duda, hay momentos en que el estado, en la protección del bien común, puede coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva de las iglesias. Ante ese escenario legítimo de convivencia social, la constitución y los estatutos federales, activan un mecanismo de protección legal para evitar la arbitrariedad y el atropello de los derechos fundamentales por parte de quien ostenta de manera transitoria el poder.
Ese mecanismo constitucional obliga al estado a actuar de tal manera que sus intervenciones contra la libertad religiosa colectiva sean hechas dentro de unos parámetros legales. ¿Cuáles son esos parámetros legales? Que el estado, en sus intervenciones, evite la arbitrariedad y que si tiene que restringir algún derecho fundamental lo haga solo en aquello que sea estrictamente necesario. Puesto de otra manera: toda acción gubernamental que limite significativamente un derecho fundamental el estado tiene que probar que su intervención responde a “un interés apremiante” y que “ha usado el medio menos oneroso”.

Ese discernimiento legal antes esbozado debe ser usado no solo en los tribunales de justicia, en medio de un conflicto legal, sino también en cualquier acción gubernamental que suponga intervenir de alguna manera con la autonomía constitucional de las instituciones eclesiales. Por eso tenemos necesidad de incorporar esos principios en nuestro quehacer gubernamental y en nuestra cultura popular para evitar conflictos que no benefician a nadie en sociedad, máxime cuando en este momento todos debemos tirar en la misma dirección para superar en conjunto esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Recordemos que las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Sin embargo, es importante subrayar, que esos parámetros especiales para las iglesias antes descritos, no están disponibles para otras actividades sociales a los cuales la constitución solo reconoce derechos no fundamentales cuya protección está reducida a que la intervención estatal sea hecha para un fin legítimo utilizando un medio razonable. Entre esas actividades sociales, que no tienen protección especial, están las actividades del sector económico. En efecto el estado a través de licenciamientos, leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos administrativos coarta esas actividades de una manera bien amplia que van desde horarios, lugares, hasta las maneras y modos de realizar esa actividad económica. Esa libertad de intervención que tiene el estado con el sector económico no la tiene el gobierno con las iglesias.

Por eso me ha resultado preocupante el modo como nuestras autoridades públicas están realizando esta reapertura de nuestro país. Veamos mi preocupación.

Primero el gobierno realizó un diálogo con el sector económico determinando las etapas en que ese grupo social iba a reincorporarse al quehacer productivo laboral. La consigna era clara, no todos a la vez (ya que hay sectores que son servicios esenciales o significativamente importantes) y toda apertura debía seguir unos parámetros estrictos de salubridad que evite el contagio. Esa apertura escalonada estaría bajo un “monitoreo” del gobierno para intervenir en caso que los números de contagio y muerte se disparasen alarmantemente.

Segundo, a diferencia de lo que hizo con el grupo económico, con el sector religioso el gobierno ha mantenido una actitud de distanciamiento y lentitud para propósitos de reapertura. Esa actitud gubernamental ha llevado a “invisibilizar” a las iglesias como se puede concluir de las expresiones de algún miembro del task force económico que ha homologado a las iglesias a un teatro o a un “beauty parlor”. Incluso, podríamos afirmar, que la apertura de las concreteras (cementeras) implica, implícitamente, que el abrir otra vez las iglesias para el culto presencial es menos urgente y necesario para propósitos de bienestar social.

Lo curioso es que la iglesia es el único sector social que en sus diálogos con el gobierno podría reclamar unos derechos constitucionales fundamentales como ha sido recordado en un caso federal reciente First Pentecostal Church of Holly Springs v. City of Holly Springs Mississippi en la que una corte de distrito de Mississippi afirmó:

The First Amendment guarantee of the Free Exercise of religion is one of the most important ones set forth in the Bill of Rights, and, without question, it grants the Church, in this case, the right to assert certain rights which, say, a barbershop would have no right to assert.

La conclusión es clara si abres la actividad económica pierde validez tu argumento a favor de la clausura de la actividades religiosas de culto presencial.

También es importante subrayar que el gobierno en su diálogo con el sector económico exigió que su apertura estaba supeditada a que se implementaran medidas estrictas de seguridad médica. Entre esas medidas estaban: apertura escalonada; evitar la conglomeración de multitudes en un lugar; distanciamiento social; uso de máscaras y guantes, uso de productos de desinfección etc.

Lo anterior me lleva a preguntar: ¿Si las iglesias implementan el mismo protocolo del sector económico tendrían derecho a abrir? ¿Podría el gobierno ordenarles a las iglesias seguir cerradas cuando ha permitido a otros sectores a abrir? Los casos que se han dado en los Estados Unidos, en las que las iglesias han reclamado su derecho a abrir en igualdad de condiciones que el sector económico, nos enseñan que prohibírseles a las iglesias a abrir seria discriminatorio e inconstitucional. El principio legal es el siguiente: Si el Gobierno permite abrir al sector económico abrir con unos protocolos de salubridad deja de tener autoridad legal para prohibir el culto presencial. En ese caso el Gobierno solo podría exigir, en razón del bien común, la implementación de las medias de salubridad que ha exigido a otros.

De lo anterior podemos afirmar que el estado no puede justificar que una iglesia esté cerrada basada en argumentos de salud o peligro de contagio porque permitiendo la apertura del sector económico está demostrando, que en medio de esta pandemia, existe un medio menos oneroso que el cierre total de una iglesia. Todo eso se pudo haber hablado, en un diálogo entre iguales, entre las autoridades públicas y las autoridades religiosas.
Por eso el gobierno federal publicó unas guías sobre la libertad religiosa en el contexto del Covid 19 afirmando, entre otras cosas que:

[..] Even in times of emergency, when reasonable and temporary restrictions are placed on rights, the First Amendment and federal statutory law prohibit discrimination against religious institutions and religious believers. Thus, government may not impose special restrictions on religious activity that do not also apply to similar nonreligious activity. For example, if a government allows movie theaters, restaurants, concert halls, and other comparable places of assembly to remain open and unrestricted, it may not order houses of worship to close, limit their congregation size, or otherwise impede religious gatherings. Religious institutions must not be singled out for special burdens.

Llegando a afirmar de manera categórica:
As we explain in the Statement of Interest, where a state has not acted evenhandedly, it must have a compelling reason to impose restrictions on places of worship and must ensure that those restrictions are narrowly tailored to advance its compelling interest. While we believe that during this period there is a sufficient basis for the social distancing rules that have been put in place, the scope and justification of restrictions beyond that will have to be assessed based on the circumstances as they evolve.
Estoy convencido de la nobleza de las iglesias en su lucha por estar abiertas y cercana a la gente. Si algo quieren las iglesias es tirar en la misma dirección que el gobierno para vencer esta pandemia. Lo hemos hecho hasta ahora, demostrando, a veces de modo heroico, nuestro deseo de acompañar a nuestro pueblo poniendo “nuestra confianza en Dios Todopoderoso”.

Que no quede la menor duda que nos encontramos claramente ante una situación social dramática y peligrosa. Sin duda esta emergencia hace que el estado tenga un interés apremiante que justifica coartar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa colectiva. ¿Pero es el cierre total de la actividad de culto presencial el medio menos oneroso? ¿Es jurídicamente correcto que el estado entienda que tiene que dar permiso para realizar una actividad de culto presencial determinado además fechas y MODOS para poder realizarlo? La respuesta categórica es no. Eso sería volver al cesaropapismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia y al estado a lo largo de la historia. Lo que estoy reclamando es a la autonomía de las instituciones eclesiales para decidir con responsabilidad, en dialogo con el gobierno, cuando y como se puede abrir.

Pienso que en las circunstancias actuales en donde sectores económicos han reiniciado su actividad el estado no puede imponer fechas unilaterales o prohibir actividades de culto presencial. Eso no le compete al estado jurídicamente hablando. Eso no quita que el estado puede exigir (repito exigir) que las actividades de culto presencial sean realizadas utilizando los mismos parámetros de salubridad que se ha exigido al sector económico. Ni más ni menos. Pero eso no es lo mismo que pensar que el estado da permiso, o concede posibilidad. Es una relación entre iguales, constitucionalmente hablando, que exige un diálogo, que estoy seguro que ambos, tanto el estado como la iglesia, quieren tener.

Por eso felicito grandemente la iniciativa de la gobernadora que ha convocado los sectores religiosos del país a dialogar para la apertura de la actividad religiosa. Ojala que se hubiera dado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pero todo dialogo debe estar basado en presupuestos legales claros y en este caso es que el gobierno debe entender que no puede determinar fechas de aperturas o cierres de manera unilateral. Repito, las crisis de las sociedades democráticas no se resuelven con menos democracia.

Exhorto a mis hermanos sacerdotes y pastores, sin tener ninguna autoridad sobre nadie, a comenzar la preparación para su reapertura eclesial, tomando conciencia de la importancia de implementar las mismas medidas prudenciales que el sector económico ha implementado en su reapertura, ese es el modo responsable de hacerlo legalmente hablando.

Los diálogos de nuestras autoridades religiosas con el gobierno es el mejor modo de hacer la reapertura. Pero teniendo claramente en cuenta nuestro derecho a la actividad de culto presencial sin interferencia indebida del estado. Nuestros hermanos en los Estados Unidos han ido a los tribunales (con el respaldo de la fiscalía federal) cuando el estado no logra entender la peculiaridad de nuestra identidad en el mundo que exige que se respete nuestra libertad de realizar a lo que Dios nos envió ser siervos de los siervos de Dios.

Este escrito no pretende atacar el gobierno. Aprecio a nuestras autoridades públicas en todas las ramas constitucionales y como sacerdote les tengo cariño y deseo de servirles. El que pretenda usar este escrito para atacar algún político o figura pública sepa que no ha entendido mi intención y tiene mi absoluto rechazo. Este escrito es para dialogar con quien ostenta el poder. Diálogo que en este momento, en el caso mío, lo encauso a través la oración para que las conversaciones entre el gobierno y las autoridades religiosas den fruto.

Ojala que todos aprendamos como debe ser entendida las clausulas religiosas de nuestras constituciones para evitar conflictos estériles y atropellos de derechos humanos fundamentales.

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